La aprobación de esta norma satisface una reivindicación histórica del sector de la distribución de vehículos, que desde hace años viene denunciando lo que considera una situación de abuso por parte de los fabricantes sobre sus redes de distribución.
Además, con la presentación de esta ley se cumple el compromiso asumido por el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, quien a finales de febrero anunció que llevaría la norma al Consejo de Ministros antes de tres meses.
Sebastián espera que la ley cumpla su tramitación parlamentaria y sea aprobada de forma definitiva antes de que termine este año. Según el ministro, el texto "apostará decididamente por la promoción de códigos de conductas sectoriales para una mejor interpretación y ejecución de los contratos, con reglas de contratación claras, transparentes y eficaces.
El titular de Industria sostiene además que esta iniciativa pone de manifiesto la apuesta del Gobierno "por el sector de la automoción en España, actuando de forma responsable y sin tomar atajos, siempre desde el diálogo, buscando el consenso y el compromiso de todas las partes".
Guerra en el sector
La urgencia en la aprobación de la ley tiene su origen en el conflicto surgido entre fabricantes y concesionarios en febrero pasado, cuando el Parlamento dio 'luz verde' a una enmienda a
La enmienda contemplaba, entre otros aspectos, la obligación de los fabricantes de indemnizar a los concesionarios por el 'stock' no vendido, por las inversiones no amortizadas o por el personal despedido.
La iniciativa legislativa provocó una airada respuesta de la patronal de fabricantes Anfac, que ha amenazado con revisar las inversiones en las factorías españolas y con establecer sus propias redes comerciales.
Tras una serie de encuentros bajo el auspicio del Ministerio de Industria, el Parlamento evitó la entrada en vigor de la enmienda de la discordia al aprobar otra enmienda, esta vez a la ley de sistemas de pagos, por la que se derogó la primera.
Al menos hasta la aprobación definitiva de la ley de distribución, las principales asociaciones del sector del automóvil han acordado regular posibles conflictos mediante un Código de Buenas Prácticas, que, según Sebastián, ya cuenta con el visto bueno de las partes.
