Expediente a los concesionarios de Chevrolet por fijación de precios

La Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) ha incoado expediente sancionador a diferentes concesionarios de la marca automovilística Chevrolet en España por posibles prácticas anticompetitivas consistentes en la fijación de precios, condiciones comerciales y de servicio, así como el intercambio de información comercialmente sensible en el mercado español de la distribución de vehículos.
Agencias. Twitter @Autopista_es -
Expediente a los concesionarios de Chevrolet por fijación de precios
Expediente a los concesionarios de Chevrolet por fijación de precios

Según informa la CNMC, esta incoación se produce después de detectar ‘indicios racionales’ de la comisión de una infracción de la Ley de Defensa de la Competencia en las inspecciones realizadas entre el 4 y el 6 de junio de 2013 en la sede de la empresa El Cliente Indiscreto y en la información reservada revisada.

Por ello, la organización ha incoado un expediente sancionador contra las empresas ANT Servicalidad y los concesionarios independientes distribuidores de Chevrolet: Turismos y Vehículos Industriales, Roauto, Seligrat de Automoción, Corredor Gil Motor, Talleres Prizán, Motor Aluche, Viñacar, Roceña de Turismos, Autotodo y Alcarreña de Turismos, así como contra personas o entidades que pudieran estar vinculadas.

La CNMC señaló que dichas prácticas representan una infracción ‘muy grave’, que podría acarrear una multa de hasta el 10 por ciento del volumen de negocios total de las entidades infractoras en el ejercicio anterior al de la imposición de la multa.

La Comisión destacó que la investigación de los cárteles es una de sus principales prioridades, dada la especial gravedad de las consecuencias sobre los consumidores y del correcto funcionamiento de los mercados.

Así, recordó que existe el programa de clemencia que permite beneficiar a las empresas que aporten elementos de prueba que faciliten a la CNMC la detección o la comprobación de la existencia de este tipo de actuaciones. Se abre un plazo máximo de 18 meses para la instrucción del expediente y para su resolución.

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