Los españoles valoramos las carreteras

Un fin de semana tras otro llegan a la redacción de Autopista Online las cifras de muertos en accidentes de tráfico. Una media de unas 40 personas pierden la vida en las carreteras españolas. ¿Por qué se producen estas elevadas cifras? Está claro que una gran parte de la responsabilidad radica en el propio conductor y en las condiciones en las que hace circular a su vehículo: velocidad inadecuada, mantenimiento insuficiente, etc. Sin embargo, también cabe pensar que una parte de la culpa la tienen las vías por las que circulamos.
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Los españoles valoramos las carreteras

Esta cantidad ingente de dinero, a la que hay que añadir gastos pertenecientes al mantenimiento y construcción de nuevas vías, la colocación de protecciones laterales y otros servicios, etc, tiene que salir de alguna parte. Los expertos calculan que la inversión dentro de la Unión Europea debe aumentar en un 30 por ciento para hacer frente a esta problemática. Según estas mismas fuentes, pertenecientes a la Federación Europea de Carreteras (ERF), el déficit anual de conservación viaria es de 8.000 millones de euros (1,3 billones de pesetas).

En cuanto a la situación en España, el Plan de Infraestructuras para los años 2000-2007 prevé una inversión en carreteras de 4,2 billones de pesetas. Esta cifra, para poder cumplirse, exige un aumento de la inversión pública, una aportación del sector privado de 1,3 billones de pesetas, un mejor aprovechamiento de los fondos europeos y el desarrollo de fórmulas de financiación mixta público-privadas (APP).

Durante muchos años, las infraestructuras han sido, y siguen siendo, consideradas como un elemento de ajuste presupuestario, lo que, a fin de cuentas, se traduce en que es uno de los primeros apartados que sufre recortes de presupuestos, a lo que hay que añadir que el modelo presupuestario tradicional está agotado.

Los expertos tienen claro el tema. Para conseguir mejorar las infraestructuras viarias en España, el Ejecutivo debe fomentar e incrementar, de forma prioritaria, la participación privada o de nuevas formas de inversión mixta, como son las asociaciones público-privadas (APP), que ya están funcionando en algunos proyectos. Esta situación deseable puede conseguirse mediante la creación de un marco legislativo que otorgue garantías financieras y jurídicas a los futuros inversores. Esta normativa, la Ley Básica de Construcción, Financiación y Gestión de Infraestructuras Públicas, está siendo preparada por el Ejecutivo y tiene que perseguir una serie de objetivos, como son: reforzar el papel de las Administraciones Públicas en la promoción de las infraestructuras, acortar los plazos de los expedientes administrativos y mejorar los mecanismos de coordinación entre las Administraciones interesadas en una misma infraestructura.

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