El nuevo impuesto de CO2 a los coches contaminantes vuelve a entrar en debate. Hace justo un año ya te contamos el objetivo que tenía Cataluña para implantar esta nueva medida pionera en España a lo largo de 2019. Aunque la intención inicial de la Generalitat era aprobarlo para comienzos de este año, finalmente el anteproyecto de ley se ha ido retrasando y ahora estaría prevista su aprobación durante las próximas semanas. Pero, ¿qué significa exactamente este nuevo impuesto?
Recogido en un anteproyecto de ley de modificación de la Ley 16/2017 del Impuesto sobre las emisiones de CO2 de los vehículos de tracción mecánica, esta nueva tasa pretende gravar los coches mediante un tributo gradual por tramos, en función del nivel de CO2 de los vehículos, para que pague más quien más contamine. La intención de la Generalitat de Cataluña es que, ya en este 2019, se pueda aplicar a los vehículos con emisiones a partir de 160 g/km de CO2, y que ya a lo largo de 2020 llegue a los que superen los 120 g/km.
Este nuevo impuesto al CO2 sería tramitado por la Agencia Tributaria catalana y su recaudación entraría en los fondos Climático y de Patrimonio Natural de la Generalitat. A medio plazo se espera que sirva para fomentar las energías renovables, descentralizar las redes, fomentar el autoconsumo eléctrico y buscar nueva financiación para la protección de espacios naturales. El objetivo de recaudación superaría los 75 millones de euros al año.
Impuesto de CO2: hasta 140 € más al año
Ante la cercanía ya de este nuevo impuesto al CO2, las principales asociaciones y patronales del sector, como Anfac, Faconauto o Ganvam, han cargado duramente con la medida asegurando que “perjudicará al sector y a la actividad económica de Cataluña", además de generar una “sensible reducción de las matriculaciones" en la comunidad.
Sin embargo, Ganvam va un paso más allá y calcula ya incluso cómo repercutirá este nuevo impuesto al CO2 en los conductores catalanes. Según la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios, esta tasa incrementaría “un 100% la carga fiscal de los conductores durante los años de vida del vehículo". Es decir, con cálculos en la mano, el gravamen significará aumentar en 1.000 euros la carga fiscal que ya soportan los automovilistas durante un período de uso del coche de hasta 9 años, al aumentar con entre 120 y 140 euros al año sus tasas.
En lugar de este impuesto, las principales asociaciones piden mejor transformar el impuesto de circulación para añadir valores medioambientales comunes a todas las comunidades y en función al uso del vehículo. Con ello no se producirían “distorsiones en el mercado" y solo se penaliza a los coches más contaminantes, sin frenar la compra de los modelos nuevos y hoy más eficientes.
Ganvam incluso ha presentado este pasado mes de septiembre alegaciones al anteproyecto de ley de la Generalitat, exponiendo que “como no existe un censo ni una base de datos donde consultar las emisiones de CO2 de los vehículos sujetos a tributación, la seguridad jurídica que ofrece el impuesto es bastante débil y se puede producir la paradoja de que pague más un vehículo más moderno y que emite menos CO2".