DVuelta presenta su denuncia contra la Ordenanza de Movilidad de Madrid: lo que considera ilegal

DVuelta, organización especializada en la defensa de los conductores, presenta una demanda en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en la que se pide la anulación de la nueva Ordenanza de movilidad de la capital.
DVuelta presenta su denuncia contra la Ordenanza de Movilidad de Madrid: lo que considera ilegal
Nueva denuncia contra la Ordenanza de movilidad de Madrid, esta vez de DVuelta

La nueva Ordenanza de movilidad del Ayuntamiento de Madrid sigue levantando polémica y, con ella, recursos contra su aplicación. Esta vez ha sido DVuelta, quienes han denunciado la norma ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) con el objetivo de anularla en su totalidad o, en caso de no conseguirlo, sí parcialmente.

En el escrito presentado el pasado jueves 17 de enero se hace hincapié en una serie de irregularidades que el Ayuntamiento de Madrid ha ido cometiendo y que, según la organización, en otros casos ya habría provocado la anulación de la nueva normativa.

Entre los puntos más polémicos, DVuelta destaca que el Ayuntamiento de la capital no ha llevado a cabo un informe económico sobre el impacto que tendrá la aplicación de Madrid Central, tanto en lo que se refiere al impacto sobre las ventas de los comerciantes como por el dinero recaudado con las nuevas multas de paso y estacionamiento o el dinero gastado en nuevos aparatos de control del tráfico. Según DVuelta, este informe es obligatorio siempre que se trata de implementar este tipo de normativas.

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Otras ocho irregularidades detectadas

La organización de defensa del conductor también señala que se han encontrado otras ocho irregularidades en la Ordenanza de movilidad por las que el Ayuntamiento de Madrid estaría violando los principios de jerarquía normativa y de legalidad sancionadora.

Uno de los puntos mencionados hace referencia al protocolo de avisos sobre la aplicación de los distintos escenarios anticontaminación. En la Ordenanza anterior se establecía que la restricción de la circulación tenía que ser publicada en el Boletín oficial de la ciudad, algo que ya no es obligatorio, con el objetivo de que los distintos escenarios puedan ser aplicables de un día para otro.

Según DVuelta, esta manera de actuar supone anunciar las distintas restricciones “a golpe de tweet”, sin ningún tipo de base legal para ello. El último punto polémico está relacionado la capacidad del Consistorio para establecer nuevas infracciones y sanciones, ya que desde la organización entienden que un Ayuntamiento no tiene capacidad para establecer unas normas que corresponden a entidades superiores.

Entre estas infracciones encontramos la sanción de 100 euros a quienes no apaguen el motor durante un estacionamiento, las multas por no exhibir el distinto medioambiental (obligatorio a partir del mes de abril) o permitir a los agentes de movilidad que puedan retirar un vehículo por motivos medioambientales.

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