El estudio delata grandes diferencias en los precios en función de la autonomía donde se lleve a cabo la revisión, registrando variaciones de hasta el 79 por ciento en el caso de turismos con motores Diesel. Al hablar de motocicletas la disparidad va mucho más allá. Hasta un 166 por ciento de la comunidad autónoma más cara a la más barata.
La comunidad autónoma con tarifas más elevadas es Madrid, con un coste medio de 52,61 euros para los Diesel. Concretamente, el centro más caro es el de Coslada, donde los vehículos con este tipo de motores pagan más de 55 euros. Por detrás de Madrid quedan la Comunidad Valenciana (51,6 euros para los Diesel) y Murcia (49,79 euros).
En el lado opuesto de la lista se encuentran Navarra (29,4 euros para cualquier tipo de turismo), Menorca (30,55 euros para coches de gasolina) y La Rioja (31,25 euros también para gasolina). A todos estos precios hay que sumar la tasa de tráfico, que este año se eleva a 3,9 euros.
El precio medio nacional, teniendo en cuenta los turismos tanto Diesel como gasolina, es de 38,87 euros. Teniendo en cuenta que el año pasado fue de 38,81 euros, el incremento ha sido de apenas un 0,1 por ciento. El coste de la inspección de los vehículos de gasolina ha subido de 35 a 35,08 euros y el de los Diesel, de 42,62 a 42,75 euros.
Motocicletas y ciclomotores
En el caso de los vehículos a motor de hasta tres ruedas, las diferencias de una comunidad a otra llegan hasta el 166 por ciento. La tarifa media nacional es de 20 euros, tras un crecimiento interanual del uno por ciento. En este tipo de vehículos, Madrid sigue siendo la comunidad autónoma más cara, con 33 euros de media, seguida de Extremadura (32 euros). Murcia (12,4 euros) y la Comunidad Valenciana (13,66 euros) se posicionan como las más baratas.
Estos precios son injustos para el 92 por ciento de los consumidores españoles, según una encuesta sobre seguridad vial realizada por Gestrafic.
Estas diferencias entre precios se deben al diverso funcionamiento de la gestión de los centros de ITV en las diferentes comunidades autónomas. Así, mientras en algunas, como en Andalucía, solo existen centros públicos y es la administración la que fija los precios, en otras todos son privados. Y también hay casos en los que conviven ambos tipos. Lo normal es que las comunidades autónomas fijen un precio máximo, por debajo del cual pueden competir los diferentes centros.
Madrid es la única región que carece de regulación tarifaria. FACUA ha reclamado al Gobierno autonómico que recupere las competencias en la materia y vuelva a regular las tarifas. También reclama que se tengan en cuenta otros criterios, como los geográficos, a la hora de establecer nuevos puntos de inspección. Esto evitaría la situación actual, en la que hay zonas con una elevada concentración de centros de ITV y otras en las que hay que recorrer grandes distancias para llegar al más cercano.
La asociación no comparte la liberalización de un servicio que afecta a la seguridad de las personas y que, por tanto, debería tener reguladas las características y la calidad y, por consiguiente, los precios.
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