Los puntos desbordan a la DGT

La DGT se sienta en el banquillo de los acusados. La llegada del nuevo permiso de conducir ha evidenciado que Tráfico también necesita “puntos”, pero de sutura. Casos abiertos en los juzgados, recursos contra multas que se amontonan, infracciones que no son válidas, radares mal homologados... Y, con este panorama, lanza comunicados en los que defiende la política del “calla y paga”.
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Los puntos desbordan a la DGT
Los puntos desbordan a la DGT

La DGT nos asegura que la Administración gana el 92,31 por ciento de los recursos que interponen los conductores multados. ¿Un éxito? “No nos extraña si tenemos en cuenta que ellos son juez y parte”, nos indican diversos clubes de automovilistas.

Sin embargo, muchas multas mueren en el camino. Como nos indica Fernando González, subdirector de la asesoría jurídica del CEA (Comisariado Europeo del Automóvil), la mayor parte de las infracciones denunciadas sí se han cometido, pero un número muy importante de las multas tienen defectos de forma que las anulan.

En CEA, saben mucho de recurrir multas: cada día, les llegan entre 800 y 1.000 casos. Y, para ellos, una cosa está clara: “El carnet por puntos va a dar pie a que los que asesoran cubran todos los recursos para que los expedientes acaben prescribiendo. Y será legal y legítimo. Por ejemplo, imaginemos que a un conductor sólo le quedan 3 puntos y está a la espera de recargar su carnet por el paso de tiempo sin ser multado. Si de repente le llega una multa, recurrirá y recurrirá todo lo que sea necesario para no quedarse sin puntos”.

En DVuelta precisan que “son miles los expedientes sancionadores que ni siquiera llegan a la fase de recurso de alzada, archivándose en fase previas. Son miles los expedientes sancionadores que se anulan en el procedimiento de apremio por defectos de notificaciones. El Ministerio de Economía y Hacienda, a través del Tribunal Económico Administrativo Regional, anula más del 75 por ciento de las notificaciones edictales que practica Tráfico. Los Juzgados de lo Contencioso Administrativo anulan judicialmente miles de sanciones impuestas irregularmente por la DGT. Como consecuencia de la calamitosa tramitación de la DGT, el Ministerio de Justicia tuvo en su día que intervenir en el problema de las multas autorizando a los Abogados del Estado para que se allanaran con carácter general a las demandas judiciales de los particulares”.

Traduciendo: en todos los procesos administrativos que sigue un recurso hay multitud de “coladeros” y, si el caso llega ante los jueces (que son imparciales), los Abogados del Estado encargados de defender a la DGT directamente renuncian al caso (“allanarse”) y así evitan el pago de una indemnización mayor y el desprestigio profesional y de la institución a la que representan.

la DGT lleva 14 años mandando una carta llena de faltas de ortografía a los conductores catalanes en donde les advierte que tienen que renovar sus permisos de conducir? Se puede leer “amiic” (le sobra una i), “está próxim a véncer” (en vez de “és a punt”), tildes cerradas en la letra a (son abiertas)...

En AEA nos han dado una primicia: la mayoría de multas que ponen los radares no valen. Según nos explican, más de 100.000 sanciones contienen errores.

La DGT ha reducido el margen de error de los radares. Tráfico calcula que sus cinemómetros móviles pueden equivocarse en un 10 por ciento. Así, si un conductor va a 120 km/h, no se le multará hasta los 133 km/h. Sin embargo, si el conductor va a 133 km/h, ya no se le aplica ese margen de error: le siguen dando 12 km/h extra (el 10 por ciento de 120 km/h, pero no de 133, que sería 13,3). La diferencia es muy importante. En los dos casos cometemos una infracción, pero, si excedemos en 20 km/h el límite establecido, no sólo recibiremos una multa económica: nos comenzarán a rebajar puntos.

El carnet por puntos también deja en el aire muchas multas interpuestas antes del 1 de julio que todavía están pendientes de pago. Antes, los excesos de velocidad recibían una cuantía económica mayor: por ejemplo, si circulábamos a 84 km/h por una travesía de 50 km/h nos habrían impuesto una sanción de 300 euros, pero, con el nuevo permiso, se castiga con 140 euros. Si aplicamos, según nos explica AEA, el principio constitucional de “retroactividad de disposiciones sancionadoras más favorables” (art. 9.3 de la CE), nos ahorraríamos 160 euros. También se podrían reclamar muchas retiradas de carnet que se produjeron antes de la entrada en vigor de la nueva ley.

Todo por no hablar de la cantidad de radares que el Instituto Nacional de Metrología ha reconocido que estaban mal homologados. O por no recalcar que las multas por radar identifican al coche, pero no al conductor: si los titulares del vehículo no admiten la infracción y no delatan a quien la cometió, serán castigados con una multa económica (hasta 1.500 euros) y no con la retirada de puntos. Así, el proceso también se ralentiza y se ha abierto un peligroso mercado negro donde la gente compra y vende sus tantos.

La DGT no se lee muchos de los expedientes. En DVuelta nos han pasado un informe que lo evidencia. Un hombre recibió una multa por exceso de velocidad que había cometido su padre, que acababa de fallecer. El individuo se lo comunicó a Tráfico y éste le contesto en una carta con la siguiente frase: “Las alegaciones presentadas no le eximen de responsabilidad sobre el hecho denunciado”. Queremos pensar que se trataba de una respuesta estandarizada y no que quisieron hacer un poco de humor negro.
Más casos: un coche mal aparcado en un arcén de Navacerrada que recibe multas de Tráfico de las delegaciones de Segovia y Madrid. El conductor alega que no es posible que estuviera en dos sitios a la vez y de nuevo la misma respuesta: “Las alegaciones presentadas no le eximen de responsabilidad sobre el hecho denunciado”.
O, un motorista acusado de saltarse un semáforo en rojo. En el pliego de la Policía Municipal de Madrid que justificaba por qué no se le entregó la sanción en mano ponía que “el conductor estaba ausente del vehículo”. ¿Cómo conducía entonces?


Desde la entrada en vigor del carnet por puntos hasta principios de septiembre, la Guardia Civil había interpuesto 82.000 multas, pero sólo se habían notificado 2.700. “El mes de agosto no es temporada alta en la Administración”, ha bromeado Navarro para explicar esta demora.

Sin embargo, el tiempo es una espada de Damocles sobre la cabeza de la Administración: las multas prescriben. Hace unos años, la DGT estaba tan desbordada que tuvo que ampliar los plazos: antes, todas las infraciones caducaban a los tres meses. Ahora, tan sólo las leves prescriben en ese plazo. Las graves se amplían hasta los seis meses y las muy graves, hasta el año.

Es raro que las multas “caduquen”, pero también sucede. En época electoral es uno de las artimañas que utilizan los diferentes Gobiernos para tener a los conductores contentos.

¿Se ha elaborado con prisas? ¿Salvará vidas? ¿Sólo es una medida de cara a la galería? ¿Están bien reguladas las penas?
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