Críticas contra la política de Seguridad Vial del Gobierno

El negro balance del Puente de Mayo, con 58 víctimas mortales en las carreteras, exige un gran compromiso por parte de las autoridades competentes. Por ello, el Fiscal General ha pedido de nuevo penas de prisión para los conductores que, con sus actuaciones imprudentes, pongan en peligro la vida de los demás.
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Críticas contra la política de Seguridad Vial del Gobierno
Críticas contra la política de Seguridad Vial del Gobierno

La falta de avances en seguridad vial se está convirtiendo en un gran problema para el Gobierno. El trágico balance de muertos en carretera en este puente del 1 de mayo, que culminó con 58 fallecidos, pone de manifiesto la necesidad de actuaciones urgentes.

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Es por esto que el Fiscal General del Estado ha emitido un informe en el que pide penas de seis meses a dos años de prisión para aquellos conductores que circulen a una velocidad “extremadamente elevada” que ponga en peligro la vida de los demás.

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Por su parte, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha culpado a las carreteras autonómicas y provinciales de la elevada siniestralidad de este puente. La DGT ha considerado “inaceptables” estas cifras y el subdirector de circulación, Federico Fernández, destacó que “cuatro de cada cinco accidentes mortales se produjeron en vías secundarias con doble sentido de la circulación”, lo se traduce en un 45% de muertos en accidentes por choques frontales.

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Fernandez también ha señalado que los informes de Tráfico ponen de manifiesto la necesidad de “vigilar estas vías para apartar de las carreteras a todos aquellos conductores que no cumplan con las normas” y destacó que “a diferencia del puente de Semana Santa, cuando fallecieron 108 personas, de las cuales, casi la mitad no llevaba cinturón de seguridad, en este puente las cifras se redujeron a un 15 por ciento que no lo llevaba puesto”.

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Mientras, el Partido Popular ha dicho que pedirá en el Congreso la creación de una “Secretaría de Estado de Seguridad Vial” donde estén representados los nueve ministerios que tienen alguna competencia relacionada con tráfico. Además, el PP también solicitará que se empiece a estudiar una “Ley Integral de Seguridad Vial”.

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Las diferentes asociaciones vinculadas al sector automovilístico han clamado por la adopción de medidas de choque contra la imparable cantidad de fallecidos en las carreteras. El Coordinador de Seguridad Vial del Real Automóvil Club de España (RACE), Antonio Lucas, ha exigido que “se dé prioridad política a este problema y se investiguen las circunstancias de los accidentes para buscar soluciones”. En su opinión, estas actuaciones serían más efectivas que las políticas represivas, como las sanciones o el carné por puntos.

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La DGT quiere acabar con los conductores que circulan a velocidad elevada y, para ello, tiene previsto colocar un nuevo dispositivo de control que será capaz de medir la velocidad media de un vehículo en tramos de unos 10 kilómetros. Su implantación está pendiente de un estudio detallado sobre viabilidad jurídica y técnica. Uno de los puntos flacos de este sistema es la posibilidad de que un conductor pare en un tramo donde hubiese dos cámaras, ya que se daría una media de velocidad irreal. De todas formas, la DGT señala que esta nueva medida no sustituirá a los radares, sino que será complementaria.

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