Consejero de Interior catalán exige una relación 'bilateral' con el Gobierno sobre seguridad

'Actuaremos con una actitud mental de independencia'
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Consejero de Interior catalán exige una relación 'bilateral' con el Gobierno sobre seguridad

El consejero de Interior de la Generalitat, Felip Puig, ha asegurado este lunes que la cooperación con el Gobierno en materia de seguridad 'será absoluta pero con la exigencia de una relación bilateral'.

En su conferencia 'El modelo de seguridad, una política de Estado', pronunciada en Barcelona Tribuna, Puig ha indicado: 'Consideramos que los problemas de seguridad de los catalanes son una responsabilidad nuestra y actuaremos en consecuencia con una actitud mental de independencia'.

'La seguridad es una problema del país y requiere una respuesta con una visión de independencia', ha indicado.

'No esperaremos que nos resuelvan los problemas ni nos escudaremos en que las competencias son de otros, sino que resolveremos lo que podamos resolver aquí y propondremos soluciones', ha indicado.

En una conferencia ante representantes del mundo económico e intelectual, el consejero ha recalcado que su predisposición a colaborar con el Ministerio del Interior 'es plena y absoluta' pero que quieren hacerlo sin intermediarios.

'Exigiremos el cumplimiento de lo que ha quedado del Estatut en esta materia', ha aseverado, además de resaltar que quieren adquirir nuevos roles crecientes en extranjería, control de fronteras, expedición de documentos, seguridad nuclear y seguridad vial.

Así, ha concretado en el turno de preguntas que quieren reclamar a la Dirección General de Tráfico (DGT) las competencias en la estipulación de la velocidad de las carreteras, la emisión del carné de conducir, las autoescuelas, las tasas y la Inspección Técnica de Vehículos (ITV).

Para Puig, la 'transición nacional debe constituir el eje vertebrador de un conjunto de políticas de transformación', también en el campo de la seguridad.

VANDALISMO: 'NO ES UN DERECHO CIVIL'

En su exposición, Puig ha abordado la problemática del vandalismo y ha asegurado que el fenómeno 'atenta contra el derecho a huelga y el derecho a manifestación', y contra la seguridad pública y la convivencia.

'El vandalismo no es un derecho civil', ha sentenciado Puig, que ha advertido de la creciente planificación y organización de los violentos que quieren crear el caos.

Ha asegurado que los vándalos se camuflan en manifestaciones legítimas, y acaban 'poniendo en duda aquellas expresiones de las que se sirven para esconderse'.

Ha apostado por intensificar la prevención ante la posible proximidad entre el problema de la violencia callejera y la aparición de 'fenómenos criminales o terroristas de más elevado nivel'.

Dentro de su plan de acción, está aumentar las herramientas para hacer frente a los organizadores de estos actos porque, según el consejero, la capacidad actual 'es limitada', y ha apostado por emprender reformas legales para perseguir a los autores materiales e intelectuales de la violencia callejera.

Según Puig, hay que incentivar el rechazo social hacia estas conductas porque, si hay espacios de connivencia o comprensión, puede haber 'riesgo de su cronificación y de facilitar su intensificación', por lo que impulsará iniciativas sociopolíticas.

Ha lamentado que se les acuse de ser demasiado represivos y querer recortar derechos pero ha advertido que no se dejarán 'confundir por según qué acusaciones', además de reafirmar su compromiso con los derechos civiles.

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