Concesiones en la sombra

Es innegable que el desarrollo de las infraestructuras viarias va parejo a la evolución industrial y económica de un país. Pero, ¿cuál es la mejor fórmula de construcción y gestión de éstas? ¿Quién debe financiar las obras y el mantenimiento de las vías?
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Concesiones en la sombra

Sin embargo, no hay que confundir el peaje directo con el peaje en sombra. Pese a que ambas formas de gestión de infraestructuras son impopulares. La primera forma está más o menos asumida en nuestro país: se paga por el uso y punto. Pero la segunda forma puede ser una peligrosa arma en manos de políticos, ya que es tremendamente manejable.

En el denominado peaje en sombra consiste en que el Estado promueve una obra y la presenta a concurso público (hasta aquí, como el peaje directo). Sin embargo, una vez adjudicada la operación, la empresa concesionaria se ocupa de la construcción. El Gobierno de turno ha pactado con la concesionaria un canon que deberá pagar durante cierto tiempo (unos 25 años) a razón de los vehículos que utilicen cada mes esa infraestructura. El pago a la concesionaria se puede ver incrementado por razones de descenso de siniestralidad en la vía o reducido, si se producen retenciones o la vía permanece cortada por circunstancias achacables a una mala gestión de la concesionaria.

Este modo de peaje es más popular que el directo, ya que el usuario no paga por la carretera que utiliza de manera habitual. Sin embargo, el pago lo efectúa la Administración con el dinero de los contribuyentes. Es decir, se rompe el principio de “quien usa, paga” y se pasa al “la use o no, pago por ella”.

Un ejemplo de este tipo de gestión y de los problemas que ha ocasionado lo encontramos en la recientemente inaugurada M-45, en la Comunidad de Madrid. El Gobierno autonómico había pactado pagar 0,54 euros por cada vehículo que utilizara la vía. Al parecer, como los cálculos para la obra de la vía se hicieron a la baja, las empresas constructoras (concesionarias del peaje en sombra) han necesitado más dinero para realizar la obra y, por tanto, han tenido que renegociar el canon con la Comunidad de Madrid. Como resultado, ahora cobrarán a la institución autonómica 0,75 euros por cada automóvil que use la infraestructura.

Este modo de concesión tiene bastantes enemigos, a pesar de que reporta jugosos dividendos a la empresas privadas concesionarias. En muchos casos, las críticas provienen de los principales partidos políticos en la oposición de aquellos lugares donde se implanta el sistema. En el caso madrileño, los representantes del Partido Socialista en la Asamblea de Madrid argumentan que este tipo de peaje está “endeudando el futuro de nuestros hijos”, porque el plazo de concesión es amplísimo y el coste es variable a lo largo de los años. Esto implica que, como no se puede calcular con anterioridad la partida que hay que destinar para cada una de las concesiones (no se saben cuántos coches van a utilizar la infraestructura), cada gobierno debe disponer de un remanente, para no dejar al descubierto estos pagos. Dicho montante en reserva podría ser utilizado para otros fines sociales.

El Partido Popular está a favor del tipo de concesión en sombra. De hecho, ha arremetido en numerosas ocasiones contra el peaje directo de Cataluña, por ejemplo. La Administración Central pide que se baje el precio de los peajes en pro de los usuarios. Sin embargo, las concesionarias, defendiendo sus beneficios y su negocio, argumentan que los contratos fijaban unas tarifas anuales que les reportan determinados ingresos y que no tienen por qué renunciar a ellos.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, comparaba hace unos meses a las empresas concesionarias con las compañías que obtienen importantes beneficios y los reinvierten en la sociedad a través de fundaciones. En palabras de Montoro, las concesionarias deben hacer “como cualquier otra empresa que tenga beneficios”.

Como el Gobierno no está muy de acuerdo con esta fórmula de gestión, cuando a comienzos de este año se produjo un incremento del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que grava los peajes en nuestro país, el Ejecutivo pidió que fuera asumido por las empresas concesionarias. El aumento estuvo motivado por una sentencia Bruselas.

El porcentaje del gravamen pasó del 7 al 16 por ciento . ¿Quién asumió los costes: Gobierno, usuarios, empresas concesionarias…? Cada grupo defendió sus fueros, pero, al final, los usuarios “pagaron el pato”. Las empresas concesionarias argumentaron algo que parece lógico: no van a sacar beneficio del aumento del IVA, porque éste va a parar a las arcas del Estado directamente. Por lo tanto, ¿para qué van a asumir este coste? Una vez más, la máxima de “quien usa, paga” se impuso.

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