Las autoridades de Bayingolin, una región fronteriza con Asia Central, han ordenado a todos los conductores que instalen dispositivos GPS en sus vehículos como medida dentro de su lucha antiterrorista. Con ello el gobierno chino tendrá bajo control todos los vehículos de la zona.
La implantación de estos dispositivos ayudará a ‘garantizar la seguridad social y promover la estabilidad social y la armonía’, según explica un comunicado publicado en el sitio web del gobierno de Bayingolin, Loulan News.
La orden tiene lugar en un contexto fuertemente marcado por frecuentes enfrentamientos y ataques terroristas. Según las autoridades, un grupo de extremistas y separatistas islámicos estaría sembrando el terror en la región. Sin embargo, la versión de ciertos expertos es otra: existe, además, un conflicto étnico entre los migrantes chinos (los Han) y una minoría musulmana (los Uighur).
No es arbitrario que las autoridades de Bayingolin hayan optado por los vehículos para, según dicen, proteger a los ciudadanos del terrorismo. Estos son un instrumento habitual entre terroristas para llevar a cabo atentados. El ataque bomba que se sufrió en el mercado de Urumqi en 2014 o el de la Plaza de Tiananmen en Pekín en 2013 son buenos ejemplos de ello. U otros más próximos a nuestro entorno como el atentado de Niza o el de Berlín, perpetrados con sendos camiones. ‘Existe una grave amenaza de terrorismo internacional, y los automóviles se han utilizado como un medio clave de transporte para los terroristas. Por lo tanto, es necesario vigilar y rastrear todos los vehículos que circulen en la prefectura’, explica el citado anuncio.
Esta normativa entró en vigor el pasado 20 de febrero, iniciándose un periodo de adaptación que finalizará el 30 de junio. Para entonces, todos los conductores deberán llevar su correspondiente GPS. Si no, no se les permitirá repostar. Así, quien no acate la norma no supondrá, en principio, un problema a nivel de seguridad, puesto que, al carecer de combustible, le será materialmente imposible mover su vehículo.
Como era de esperar, la decisión ha despertado revuelo y opiniones enfrentadas. Yang Shu, experto en terrorismo de la Universidad de Lanzhou, la considera una buena herramienta para combatir el terrorismo en la región. ‘La prefectura tiene un área grande y una población pequeña, así que hay muchos puntos ciegos en términos de vigilancia del gobierno’, argumenta.
Por su parte, James Leibold, experto en Xianjiang de la Universidad de Trobe (Australia) ve esta medida como un paso más hacia el estado policial en que las autoridades están convirtiendo la región desde que se iniciaran los disturbios étnicos en 2009.
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