Coche no asegurado=coche precintado

La Policía podrá precintar aquellos coches que circulen sin seguro con la nueva Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro, cuyo anteproyecto se ha sido remitido al Consejo de Estado.
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Coche no asegurado=coche precintado
Coche no asegurado=coche precintado

Circular sin seguro tendrá un castigo severo. La modificación de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la circulación de vehículos a motor otorga a la Policía la potestad de poder precintar el vehículo en caso de que no esté asegurado.

Para la vicepresidenta del Gobierno, Teresa Fernández de la Vega, el objetivo es “perseguir a los propietarios que carezcan de seguros” y, paulatinamente, lograr que se reduzcan el número de automóviles que no están asegurados. Según datos de la Dirección General de Tráfico, a finales de 2005 había dos millones de coches que circulaban por nuestras carreteras sin cobertura, lo que supone un 7,2 por ciento del parque automovilístico español. Esta cifra preocupa a los responsables de Tráfico, pues es un 15 por ciento superior a la existente en 2004.

El anteproyecto de Ley también incorpora más novedades que, según Fernández de la Vega, “van dirigidas a mejorar la protección a las víctimas y a los asegurados, al igual que pretenden elevar las obligaciones de las entidades aseguradoras”.

En este sentido, todo vehículo asegurado tendrá cobertura en su país de origen y durante cualquier estancia en otro estado de la Unión Europea.

Además, las coberturas del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), que da cobertura a riesgos que las aseguradoras no incluyen y asegura a conductores rechazados por las compañías de seguros, extiende sus garantías “a los daños materiales causados por vehículos desconocidos siempre que se hubiera indemnizado por daños personales significativos producidos como consecuencia del mismo accidente”.

El anteproyecto también contempla la obligación de que las entidades aseguradoras expidan el certificado de antecedentes de siniestralidad cuando lo pida el propietario del vehículo o el tomador del seguro, ampliando el plazo sobre el que se certifica de dos a cinco años.

Las entidades aseguradoras deberán presentar una oferta motivada de indemnización en el plazo máximo de tres meses desde la recepción de la reclamación por el perjudicado, si es que se ha determinado ya la responsabilidad y se ha cuantificado el daño. La falta de oferta se considerará una infracción.

Al hilo de esto, Automovilistas Europeos Asociados ha pedido que se actualice el baremo de indemnizaciones para las víctimas de accidentes de tráfico. Según AEA, si no se reforma esta tabla, la medida anunciada recientemente por el gobierno de elevar a un millón de euros la cobertura mínima del seguro de responsabilidad civil del automóvil se quedaría en un “mero espejismo para las miles de víctimas de la carretera y sus familias, que seguirían cobrando unas indemnizaciones mezquinas”.

Desde AEA se sospecha que la trasposición de la normativa europea a la española no vendrá acompañada de una modificación de la legislación nacional que contempla las indemnizaciones máximas previstas para las víctimas de accidentes de tráfico. El resultado: las compensaciones serían las mismas, pero la prima a pagar resultaría más elevada a causa de incrementarse la cobertura mínima de 350.000 a un millón de euros por mandato de la UE. A este hecho AEA lo denomina “espejismo jurídico”.

AEA usa los datos de la patronal del seguro UNESPA para demostrar que el 99,89 por ciento de los siniestros con daños personales pagados por las aseguradoras españolas en 2004 han tenido un coste inferior a 300.505 euros, lo que significa que no supera la actual cobertura mínima del seguro por víctima –de 350.000 euros-.

Por otro lado, el Consejo de Ministros ha autorizado una partida presupuestaria para la Jefatura de Tráfico por un importe de 22,6 millones de euros. Este dinero se destinará, entre otros, a la adquisición de vehículos de patrulla, de nuevo equipo radiotelefónico y campañas de divulgación de la Seguridad Vial. No obstante, no se contempla el aumento de la plantilla de la Agrupación de Tráfico, uno de los puntos más demandados por diversas asociaciones y la propia Guardia Civil.

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