La carretera necesita ley como violencia de género

Un juez del Tribunal Supremo se ha desmarcado de la actual jurisprudencia sobre seguridad vial. Según ha declarado, la carretera necesita una ley parecida a la violencia de género: hacen falta medidas alternativas a la prisión, como –por ejemplo- que los autores de un delito al volante respondan con su patrimonio.
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La carretera necesita ley como violencia de género
La carretera necesita ley como violencia de género

Más mano dura no es la solución; hay que apostar por nuevas medidas disuasorias. En el Congreso (en la Comisión de Seguridad Vial), se han oído nuevas teorías para acabar con la “delincuencia” en nuestras carreteras.

El primero en desmarcarse ha sido el magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, José Manuel Maza, que ha pedido que se desarrolle una ley integral sobre seguridad vial al estilo de la ley de violencia de género.

Según Maza, esa nueva ley ocuparía un lugar preciso en el Código Penal y tendría nuevos mecanismos de respuesta. Por ejemplo, propone crear órganos judiciales especializados y que, junto con la pena, se impongan medidas educativas y psicológicas.

Este magistrado también ha propuesto que sea delito conducir sin carné cuando los puntos se hayan retirado a un conductor y que se exija responsabilidad a algunas autoridades o funcionarios que por su conducta “descuidada” incorporen riesgos para la circulación.

En los últimos meses la DGT había propuesto que se castigara más duramente los excesos de velocidad o la conducción con alta tasa de alcoholemia. El Congreso dice sí, pero pone importantes matices.

Para el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, José María Mena, la conducción temeraria requiere más precisiones en su normativa. Apoya su teoría el catedrático de Derecho Penal Diego Luzón, quien ha aconsejado que los límites de velocidad y alcoholemia sean altos para “definir conductas clara e inequívocamente criminales por muy peligrosas en la conducta social”.

Luzón apunta que habría que fijar al menos en 200 km/h el límite máximo de velocidad considerado como delito penal y elevar la tasa de alcoholemia hasta 1,2 gramos.

Para el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, “no cabe más severidad en nuestra actual estructura jurídico-penal democrática”: “No caben penas de cárcel, ni para más delitos, ni con mayor intensidad; ni más cárceles, ni más funcionarios, no hay más jueces, ni más fiscales”, ha asegurado.

Por ejemplo, propone que, además de la cobertura del seguro, el autor de un delito tenga que responder con su patrimonio, pues supondría un efecto disuasorio.

En la Comisión de Seguridad Vial también han expresado su opinión los clubes de automovilistas más importantes de nuestro país.

El RACE ha rechazado proponer “reformas excesivas”. Además, ha criticado que los radares estén situados sobre todo en autopistas y autovías, cuando la mayoría de los fallecidos mueren en carreteras convencionales.

Por su parte, el RACC pide que sea delito conducir con tasas de alcohol superiores en un cien por cien a la reglamentaria y conducir a velocidades superiores en 70 km/h a los límites establecidos para vías urbanas.

Desde CEA, aseguran que no es “conveniente” la inclusión de más tipos penales. Según han afirmado, es mejor una mayor precisión en la actual normativa.

¿Es justo que a 180 km/h se mande a un conductor a la cárcel? ¿Reducirá el número de accidentes esta medida?
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