Los trabajadores de la planta de Delphi en Puerto Real han acordado ya un plan de movilizaciones para frenar el cierre de la fábrica de la multinacional estadounidense, que de consumarse enviaría a 1.600 trabajadores a las listas del paro.La medida más importante, aunque no tenga aún una fecha definida, es la convocatoria de una huelga general en los municipios de la Bahía de Cádiz, un total de trece. Los sindicatos se encuentran negociando la fecha para llevarla a cabo. También destaca la marcha de una semana que partirá de la misma fábrica el próximo 12 de mayo para llegar a Sevilla, sede de la presidencia de la Junta de Andalucía, el 19 de mayo.Estas medidas de presión fueron aprobadas en la reunión del comité de empresa de la fábrica, en el que están representados los sindicatos CC.OO, UGT, USO y CGT. No se desvelaron todas las ideas acordadas ni tampoco las fechas, que irán definiéndose en función de la evolución del conflicto. No se descartan los cortes de carreteras ni tampoco el inicio de una huelga de hambre. Por su impacto mediático se buscará el apoyo de algún piloto del Campeonato del Mundo de motociclismo, que celebra una prueba en Jerez el próximo fin de semana.En la jornada del lunes, alrededor de medio millar de mujeres, madres y compañeras de los trabajadores, aguardaron a las puertas de la Diputación de Cádiz la llegada del presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, a quien recibieron arrojando a sus pies barras de pan con pegatinas contra el cierre y al grito de “éste es el pan de nuestros hijos". Chaves se acercó a ellas y afirmó ser “el mejor aliado" de los afectados por la amenaza de cierre. El presidente andaluz dijo que “ni el Gobierno de la nación ni la Junta de Andalucía van a dejar en la estacada a Puerto Real, a la Bahía o a la provincia de Cádiz". Asimismo, anunció que están en marcha dos iniciativas. La primera será la reunión que va a mantener en los próximos días el consejero de Empleo, Antonio Fernández, con los comisarios europeos de Empleo y Economía con el objetivo de llevar el asunto a la Unión Europea, dada la cantidad de centros que la multinacional tiene en Europa.
La segunda iniciativa que anunció Chaves es acudir a la Fiscalía, pues, según palabras del mandatario andaluz, “la actitud de la empresa puede estar incurriendo en algunos de los delitos del Código Penal de la seguridad en el trabajo". El responsable de la consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta, Francisco Vallejo, afirmó que la prioridad es garantizar “el mantenimiento de la actividad industrial y del empleo" y admitió que se está trabajando en averiguar “quién es capaz de liderar ese proceso en los próximos años".Vallejo expresó su confianza en celebrar esta semana una nueva reunión entre la dirección de la fábrica, el comité de empresa y la propia Junta de Andalucía. Por este motivo, se mostró reticente a explorar la vía legal, pues, en su análisis, una decisión de este tipo significaría “prácticamente acabar con la negociación". Por su parte, Jesús Mancha, diputado del PP por Cádiz, afirmó que “no es normal que ante un cierre que se considera ilegal las autoridades de la Junta de Andalucía y de la Administración central no se manifiesten contundentemente". “Esto huele a tufillo electoral", añadió.
“Yo diría que tienen un as en la manga y que quieren hacer lo mismo que ocurrió durante el Gobierno de Felipe González con la fábrica de bienes de equipo San Carlos, en San Fernando, que la malvendieron y al final se clausuró", dijo Mancha. Actualmente hay 104.000 trabajadores parados en la Bahía de Cádiz. La última información que salió de la empresa fue para anunciar que el proceso de cierre sigue en marcha.
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