La medida de anotar el kilometraje en el permiso de circulación entró en vigor el pasado 15 de enero, algo que aplaude el presidente de Ganvam, Juan Antonio Sánchez Torres, ya que concederá más transparencia a la compraventa de vehículos de ocasión. De igual manera, servirá para luchar contra las prácticas relacionadas con el trucaje del cuentakilómetros.
El único control del kilometraje que existía hasta ahora es el que se viene realizando desde el 1 de enero de 2013 en las estaciones de ITV, desde donde el registro es transmitido a la DGT para que conste en el informe del vehículo.
Al registrar estos datos también en el permiso de circulación, se dará un paso adelante en la lucha contra el trucaje de los cuentakilómetros, un acto delictivo que, recordemos, está considerada como estafa y penado con hasta seis años de cárcel.
Con esta infracción, lo que se pretende es fingir que el coche ha recorrido menos kilómetros de los reales para poder venderlo a un precio mayor en el mercado de segunda mano. Y es que el importe de los vehículos de segunda mano no se determina solo por la antigüedad del vehículo, sino también por su kilometraje.
Sin embargo, no se trata de una práctica habitual ni está extendida, pero genera mala imagen en el sector y desconfianza en el comprador.
Ganvam recuerda que la manipulación del cuentakilómetros constituye un acto de competencia desleal frente a la inmensa mayoría de vendedores que trabajan de forma honesta y legal. Además, esta ‘picaresca delictiva’, destacan, tiene consecuencias negativas para la seguridad vial, ya que al desconocer el número real de kilómetros recorridos es imposible saber cuándo tocan las revisiones periódicas. Así, pueden tener lugar accidentes relacionados con una falta de mantenimiento.
Pero no se queda ahí: las consecuencias, afirma Ganvam, son también medioambientales, ya que propicia que circulen vehículos cuyas emisiones contaminantes no pueden ser controladas adecuadamente en las inspecciones de ITV. La asociación nacional de vendedores de automóviles pretende seguir avanzando en este aspecto, ya que ahora aspira a que esta infracción se incluya como sanción administrativa en la Ley de Seguridad Vial.
‘Seguimos insistiendo en que se incorpore esta acción delictiva en futuras modificaciones de la normativa, algo que no se llevó a cabo en la última Ley de Seguridad Vial de mayo del año pasado, a pesar de la importancia de proteger al consumidor y, especialmente, de garantizar unas carreteras más seguras’, afirma Sánchez Torres.