Comerciantes y profesionales tienen un grave problema si desarrollan su actividad en alguna de las zonas en las que los parquímetros gestionan las plazas de aparcamiento. La normativa prohíbe que un vehículo estacione en el mismo barrio durante más de dos horas, por lo que la Asociación de Empresarios del Metal de Madrid (AECIM) ha pedido una solución.Ésta llegará el 15 de marzo, cuando se celebre una reunión entre el Ayuntamiento, AECIM y otras diez asociaciones. Se barajan dos alternativas: unas plazas especiales, pintadas probablemente de color naranja y sin límite horario, o unas tarjetas que permitirán a sus propietarios estacionar en la zona azul durante un máximo de cinco horas.
Si el Consistorio se decanta por la primera opción, los empresarios podrán aparcar en las plazas azules hasta que les entreguen las suyas. Se controlarán mediante una tarjeta prepago y su horario se ajustará a las necesidades de los profesionales. Estas plazas naranjas se restarán de las azules, destinadas a los visitantes, según recoge el diario “La Razón".
La ordenanza que regule esta nueva disposición tratará de manera especial a los comerciantes. Por ejemplo, la botonera de los parquímetros tendrá que ser diferente, con el fin de que no imponga un límite máximo de dos horas al aparcamiento.
Si se opta por la segunda posibilidad, los empresarios podrán aparcar en las plazas azules, aunque el tiempo máximo autorizado estará entre las tres y las cinco horas. Los interesados tendrán que hacerse con unas tarjetas anuales que costarán 140 – 160 euros. El periódico “El Mundo" afirma hoy que una de las empresas adjudicatarias de una de las nuevas zonas de ampliación de los parquímetros está vinculada a un ex–alto cargo del PP. Al parecer, Juan Manuel Casares González, diputado y portavoz adjunto del PP en el Parlamento gallego hasta las pasadas elecciones autonómicas, ex-presidente de Nuevas Generaciones del PP en Galicia y ex-miembro de la Junta Directiva Nacional del PP, es apoderado de la sociedad Hixiene’s SL. Esta compañía, unida a Sufi SA, se ha hecho con el contrato de explotación del SER en Atocha, Acacias, paseo Imperial, Chopera, Legazpi, Delicias, Adelfas, Estrella y Carabanchel.
Por su parte, Pedro Calvo, concejal de Seguridad y Servicios a la Comunidad y responsable de la adjudicación del concurso, ha explicado que él no puede, ni debe, intervenir en el proceso. “No he beneficiado a esta empresa", asegura, siempre según las declaraciones recogidas por “El Mundo".
Los habitantes de Carabanchel Alto se reunieron ayer con el concejal de Seguridad Pedro Calvo, pero el encuentro no sirvió de nada. Ambas partes se entrevistaron durante casi dos horas, aunque no se llegó a ningún acuerdo sobre la implantación de los parquímetros en este barrio madrileño.
La reunión comenzó con el veto al secretario general de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos (FRAVM), Gabriel Lozano. Pedro Casas, portavoz de los vecinos de Carabanchel Alto, pidió que Lozano saliera de la sala, ya que, según se argumentó, “está de acuerdo con los parquímetros". Francisco Caño, presidente de la entidad, también se retiró, con el fin de no enrarecer aún más el ambiente.
De nada sirvió su gesto, ya que los habitantes del barrio madrileño se mostraron inflexibles; si no se retiran los parquímetros, no hay nada que negociar. Calvo propuso un estudio sobre las mejoras del SER en la zona y un cambio en el horario de la aplicación del servicio: se ampliaría hasta la noche, cuando los vecinos tienen más problemas para aparcar, y se recortaría durante el día. La asociación respondió que estas propuestas suponen una pérdida de tiempo, pues lo que se pide es que un servicio que nadie ha pedido sea retirado. Si el Consistorio se niega, las protestas continuarán, según aseguran los vecinos.
Hubo un duro cruce de acusaciones durante la reunión. Calvo criticó la actuación de los representantes vecinales, que llamaron “mentirosos e incompetentes" a los miembros del Consistorio. Por su parte, éstos aseguraron que los actos cometidos contra los parquímetros son vandálicos. Casas aseguró que no era vandalismo, sino “los actos de gente indignada por una medida impuesta sin consultar a nadie". PSOE e IU, los principales grupos de la oposición, han criticado las obras en la M-30 y han desacreditado continuamente este proyecto del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón. Sin embargo, según el diario “El Mundo", parece que existen opiniones encontradas dentro del grupo socialista. José Bono, ministro de Defensa, elogió la modernización de la ciudad, mientras que María Antonia Trujillo, responsable de la cartera de Vivienda, ejerció de madrina en un acto en el que entregó un premio a Gallardón por la obra. Los alcaldes de Lyon y Roma (socialista y demócrata de izquierdas, respectivamente), también han alabado los trabajos y el equipo regional del PSOE está molesto por la utilización que desde el PP hacen de las visitas de estos dirigentes extranjeros.
