Vargas, que ha presentado en una rueda de prensa los datos de la memoria de 2011 de
Así, mientras en 2010 los conductores condenados fueron 80.777 y 91.932 en 2011, en 2012 se espera que la cifra supere los 110.000, lo que interpreta como un incremento de la eficacia de la justicia penal,
Igualmente, ha alertado del repunte de algunas de las conductas de mayor riesgo en la carretera, como conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas, sin permiso o el exceso de velocidad, detrás de las que "vienen las tragedias".
"El conductor que conduce bajo la influencia del alcohol con excesiva velocidad o de manera temeraria, de alguna manera está jugando al juego trágico de la ruleta rusa. Lleva un arma cargada con un proyectil que se disparará causando sufrimiento de por vida", ha dicho Vargas.
No obstante, ha insistido en que "cada vez hay menos impunidad" y ha destacado que en el 90 por ciento de los casos los infractores no vuelven a delinquir, aunque hay un 10 por ciento de reincidentes.
Según los análisis estadísticos de
En el 40 por ciento de estos casos la causa determinante de los accidentes con resultado de muerte y lesiones es el consumo de alcohol y drogas, "unidos casi siempre a exceso de velocidad y maniobras incorrectas". Otro 40 por ciento de las muertes en carretera se debe a una distracción del conductor, bien por fatiga, sueño, utilización del móvil o no tener las condiciones psicofísicas adecuadas.
Sin embargo, solo un 1% de las condenas supone el ingreso en un centro penitenciario, ya que se opta por penas de multas, trabajos en beneficio de la comunidad o prisión que se suspende a condición de que el infractor se someta a un proceso de reinserción y privación del derecho a conducir.
En total, en 2011 el número de presos por un delito contra la seguridad vial era de 771, un descenso considerable respecto a 2010, año en el que había 997 internos, que se debe -según
En la memoria de 2011
En concreto, en los casos de multirreincidencia en los que se constate el habitual consumo de alcohol o drogas, pide que se reforme el Código Penal para que el juez pueda acordar la suspensión de la pena si el infractor se somete a programas de recuperación o desintoxicación.
Asimismo, propone que se pueda suspender la pena impuesta por conducir sin carné por la obligación de obtener el permiso de conducir, y, en los caos de "déficits socioculturales", que se condicione la suspensión a un programa de resocialización y educación vial.
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