La Administración debe 8,2 millones por el 2000E

La deuda pendiente de las Administraciones Públicas con los concesionarios de automóviles por los expedientes de las ayudas adelantadas del Plan 2000E que no han sido computadas por el sistema informático asciende a 8,189 millones de euros.
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La Administración debe 8,2 millones por el 2000E
La Administración debe 8,2 millones por el 2000E

La patronal de los concesionarios Faconauto ha informado en un comunicado que 5.069 operaciones del Plan 2000E, en las que los concesionarios adelantaron el dinero de estas ayudas, son imputables al Ministerio de Industria, mientras que 11.310 son responsabilidad de las Comunidades Autónomas.

Ante esta situación, Faconauto ha expuesto su deseo de colaborar con el Gobierno en la búsqueda de una fórmula que permita recuperar a los concesionarios este importe pendiente de abono

A este respecto, la patronal de concesionarios ha aludido a la reciente moción aprobada por unanimidad el 21 de septiembre en el Pleno del Congreso, en la que se instaba al Gobierno a impulsar, con urgencia soluciones para satisfacer las operaciones vinculadas al Plan 2000E que, por problemas informáticos en el funcionamiento de su acreditación, no han sido beneficiarias de esta iniciativa.

Faconauto ha recordado que el retraso en la apertura del sistema informático hasta el 25 de marzo produjo una acumulación de expedientes a introducir y, que en las comunidades autónomas con mayor número de operaciones se excediera el presupuesto asignado, por lo que muchas de estas operaciones no han sido computadas.

La patronal también alega que el Plan 2000E fue concebido como una subvención que las Administraciones Públicas otorgaban al comprador de un vehículo que cumplía los requisitos establecidos.

A los concesionarios se les exigía legalmente adelantar el importe de la subvención a los compradores, como mandatarios de la Administración, que luego debían recuperar grabando los expedientes en el sistema informático de la entidad colaboradora FITSA, por lo que las operaciones que no se registraron se tenían por no presentadas y el concesionario perdía la subvención adelantada.

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