AEA advierte sobre la posible reducción de las garantías de los conductores

Automovilistas Europeos Asociados (AEA) ha indicado que el cobro de las sanciones municipales por parte de Hacienda puede generar reducciones de las garantías constitucionales de los conductores, pues el sistema de notificación de este tipo de multas impide a los ciudadanos iniciar los recursos pertinentes con antelación suficiente al embargo de sus bienes.

A pesar de que AEA afirma que valora “muy positivamente" los convenios suscritos por la Agencia Tributaria (AEAT) y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para cobrar las sanciones impuestas en el interior de una población, también está advirtiendo sobre las posibles violaciones del derecho a la defensa de los conductores: desde hace varios años, la Administración emplea los boletines oficiales para notificar las multas, por lo que los afectados, en la mayoría de las ocasiones, no se enteran de la existencia de una sanción hasta que reciben el embargo de sus bienes.Esto representa –según AEA- la primera causa de indefensión de los automovilistas, por lo que la entidad aboga por arbitrar medidas adecuadas que permitan fiscalizar la actuación municipal. En el caso de las multas impuestas por la Dirección General de Tráfico, la posible tramitación irregular del expediente administrativo y su indebida notificación al interesado pueden ser corregidas mediante la correspondiente reclamación; sin embargo, cuando se trata de sanciones municipales, no existe esa posibilidad, ya que el sistema de fiscalización económico-administrativa se suprimió en 1990.

Así, AEA ha dado la voz de alarma: no se puede impugnar el ejercicio municipal en materia de notificaciones (que se realizan a través de los boletines oficiales, sin haber agotado previamente los medios de aviso personales), por lo que los conductores quedan “en una evidente situación de indefensión", al ser objeto de “embargos de dudosa legalidad". La asociación que preside Mario Arnaldo ha visto respaldada su opinión esta semana, tras conocerse una sentencia del Tribunal Constitucional que ha anulado una multa impuesta por el Ayuntamiento de Madrid: el Consistorio pretendía embargar los bienes de un automovilista sin haberle dado la oportunidad de defenderse, ya que las notificaciones fueron publicadas a través de edictos.

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