400 millones de denuncias en zona ORA, ilegales

El Tribunal Supremo ha confirmado la ilegalidad de las multas que se efectuaron antes de 1997 en zona ORA. Según el presidente de Automovilistas Europeos Asociados, Mario Arnaldo, esta medida es "un tirón de orejas a los ayuntamientos" y no cree posible que se puedan reintegrar los cobros realizados por los diferentes consistorios.

Tal y como ya confirmó el Tribunal Supremo hace unos meses a instancias del Tribunal Superior de Justicia de Cádiz, las multas y retiradas de vehículos aparcados en zona de ORA efectuadas antes del año 1997 no son legales. Ahora, siete meses después, lo reitera con una confirmación a otra sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia.

Los principios en los que se basa el Tribunal Supremo están recogidos en la Constitución Española. Según la Carta Magna, "nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito o falta o infracción". Precisamente algunos ayuntamientos estaban multando a conductores que estacionaban mal en zona de ORA y estaban retirando sus vehículos con la grúa, cuando en ningún lugar estaban especificadas estas faltas.

Entre 1980 y 1997 se produjeron unos 400 millones de denuncias, algunas de ellas fueron cobradas y otras no. Lo importante es que a partir de 1997 se modificó la Ley de Tráfico y se incluyeron estos aparcamientos indebidos como faltas, por ello, a partir de ese momento, sí son legales las denuncias.

En cuanto a los 400 millones de denuncias efectuadas en los 17 años que funcionó la ORA sin estar tipificadas sus sanciones en la Ley de Tráfico, se podrían recurrir, según Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados, pero muchas de ellas han caducado. La sentencia del Tribunal sirve, en palabras de Arnaldo, para darle "un tirón de orejas a los ayuntamientos" que se empeñaban en recaudar dinero antes de 1997 basándose en normas que no estaban tipificadas. AEA duda de que este dinero pueda ser devuelto a los conductores multados ilegalmente y ha calculado que podría suponer un montante de unos 2 billones de pesetas en toda España.

Esta última sentencia del Tribunal Supremo reconoce, como la de mayo pasado, que se estaban dictando sentencias contrarias respecto a este tema, pero aclara la nueva situación atendiendo a la Constitución.

Sentencias de 1999 (del 16 ó del 22 de septiembre, por ejemplo) estaban a favor de las sanciones antes y después de 1997, mientras que otras de 2000 (la del 10 de abril, por ejemplo) estaban a favor de que sólo se sancionara a partir de la modificación del texto legal de 1997.