Manuel Moix, fiscal jefe de Madrid, compareció ayer en una rueda de prensa junto con el fiscal coordinador de seguridad vial, Bartolomé Vargas. Durante el evento anunciaron que "la Fiscalía de Madrid aplicará la nueva legislación sobre tráfico con todo rigor, severidad e inflexibilidad, pero también con justicia". Éstas son las palabras con las que el Ministerio Público respalda la nueva reforma del Código Penal, que establece penas de cárcel o trabajos al servicio de la comunidad para la mayoría de los delitos de tráfico. La comparecencia se realizó tras la reunión que los responsables del Ministerio Fiscal tuvieron con representantes de los ayuntamientos y la Guardia Civil sobre la aplicación del nuevo reglamento. En este sentido, Moix mostró la preocupación que tiene la Fiscalía por el alto índice de accidentes que se producen diaria, mensual y anualmente en nuestro país y que, a su juicio, exigen una respuesta no sólo del legislador sino también del aplicador de la ley.
Asimismo, ambos fiscales afirmaron desconocer el número de procedimientos judiciales que se llevarán a cabo y, aunque hablaron de "cifras imprevisibles" que se irán conociendo conforme se vaya aplicando la ley, Vargas matizó que "son asumibles" por la adjudicatura de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, el presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, Francisco Javier Vieira, no comparte la misma opinión: en una reciente comparecencia ante la prensa, Vieira llegó a afirmar que la nueva legislación de tráfico colapsará aún más los tribunales. Esta preocupación también es compartida por la Comunidad de Madrid, cuyo vicepresidente segundo y consejero de Justicia, Alfredo Prada, ha reclamado 76 nuevas unidades judiciales para la Comunidad antes de las elecciones, con el fin de hacer frente de forma eficaz al volumen judicial de la región; de las 76 solicitadas, el Ministerio de Justicia sólo le ha concedido 16. Prada recordó además que en la Comunidad de Madrid se resuelven en torno al 30 por ciento de los asuntos judiciales que se tramitan en toda España y que, por tanto, es necesario aumentar el número de juzgados, opinión secundada por abogados y policías municipales que se dedican a cuestiones relativas al tráfico.
Vargas lanzó un mensaje a la ciudadanía señalando que "se están haciendo grandes esfuerzos y esta ley va a suponer un paso adelante" e insistió en que la reforma supondrá "un instrumento más para la solidaridad en la conducción".
Según datos de la Fiscalía de Madrid, cada año se celebran unos 4.500 juicios por cuestiones relacionada con el tráfico, lo que hace vaticinar que, de seguir la misma progresión, en 2008 habría casi el doble de procesos tras la aplicación de la reforma, situación que podría desbordar los juzgados.
Por otra parte, el presidente de la Comisión de Seguridad Vial y diputado de CiU, Jordi Jané, defenderá mañana ante el Congreso una Proposición no de Ley en la que instará al Gobierno a renovar, en el plazo más breve posible, las señales, carteles y paneles indicadores de las carreteras con más de 15 años de antigüedad, con el fin de aumentar la seguridad de los conductores españoles.
