El gigante alemán ha comunicado que está 'en discusiones avanzadas con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Aduana de Estados Unidos y Protección Fronteriza con el objetivo de llegar a un acuerdo sobre la liquidación de ciertas investigaciones criminales y algunas multas civiles en relación con las emisiones de los motores diésel en los Estados Unidos’.
A través de este acuerdo, Volkswagen se comprometería a pagar una multa de 4.300 millones de dólares en concepto de multas civiles y criminales por el Dieselgate en el país norteamericano. También, a fortalecer los sistemas de cumplimiento y control de la compañía y a incluir un supervisor independiente para los próximos tres años en Estados Unidos. El acuerdo aún está a la espera de aprobación por parte de los consejeros de gestión y supervisión del grupo.
Esta solución implicaría que Volkswagen reconociera su culpabilidad ‘en relación con ciertas disposiciones penales de los Estados Unidos y una declaración de hechos sobre la base de la cual las multas deben hacerse’.
Esta multa se sumaría a las que ya acumula la compañía en Estados Unidos: cerró un acuerdo de 10.000 millones de dólares en concepto de compensación a los propietarios de los 482.000 coches con motor de cuatro cilindros trucado; otro de 4.700 millones por el exceso de emisiones; otro de 1.200 millones para compensar a los concesionarios; 600 millones a los tribunales; 1.000 millones por los vehículos con motores de seis cilindros trucados; y 1.500 millones más en Canadá. En total, 19.000 millones de dólares; 23.000 si finalmente se cierra este acuerdo.
En caso de cerrarse, está por ver si ello zanjaría también la cuestión de los 80.000 vehículos con motor Diesel de seis cilindros que aún está bajo litigio. El grupo Volkswagen aún desconoce el impacto final que tendrá este acuerdo sobre sus cuentas financieras del ejercicio 2016.
Mientras tanto, en Europa…
Bien distinta es la situación en el viejo continente, donde los gobiernos de varios países están saliendo peor parados que la propia compañía. España, Alemania, Grecia, República Checa, Reino Unido, Luxemburgo y Lituania se enfrentan a procedimientos abiertos por la Unión Europea por ‘no poner en marcha un sistema de sanciones para evitar que los fabricantes de automóviles violen la legislación de emisiones o por no aplicarlas cuando se ha producido un quebrantamiento de la ley’.
La sanción a España vendría en relación a varios modelos de Seat que se fabrican en Martorell y se han visto afectados por el escándalo.
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