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Reclamación de multas

Desde Tráfico se trata de justificar el éxito «a medias» del permiso por puntos basándose en que el sistema de recurso de multas es muy «garantista» para los ciudadanos. Pero esto va a durar poco si los planes del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, siguen adelante y cambia la Ley.
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Reclamación de multas
Desde el Gobierno están por la labor de cambiar las leyes para reducir el proceso de recurso de multas de los conductores. Así lo manifestó Alfredo Perez Rubalcaba cuando presentó el balance de siniestralidad del pasado verano. Pretenden escudarse en que este sistema es largo y «muy garantista» para el ciudadano. Sin caer en que parte de la culpa de que el proceso sea tan largo es de la propia lentitud e ineficacia de la Administración. Eso sí, hace unos días, presentaron las nuevas PDAs con las que cuentan los agentes de la Guardia Civil.

Así, para ponerlo más difícil a los ciudadanos, está prevista una modificación, «un nuevo esquema de tramitación administrativa» en palabras del ministro, que no podría entrar en vigor en esta legislatura sino en la siguiente, puesto que, para ello, tendrían que contar con la mayoría absoluta de las Cortes al tratarse de una Ley Orgánica. Es toda una declaración de intenciones. No sorprende un nuevo «recorte» en este aspecto dado que, tal y como recuerda Mario Arnaldo, de Automovilistas Europeos Asociados, «desde el año 90, todas las reformas del procedimiento sancionador han ido encaminadas a recortar derechos a los ciudadanos».
Hasta hace poco, era obligatorio que los agentes nos pararan en el momento, tras cometer la infracción, desde hace unos años ya no lo es. La Ley actual es mucho más cómoda para la Administración que puede instalar radares indiscriminadamente sin necesidad de agentes que nos paren después.

Más tarde, otra modificación amplió los plazos de la Administración para notificarnos las infracciones graves y muy graves en tres meses y en nueve meses más, respectivamente. Hasta entonces sólo disponían de tres en todos los casos. La última modificación volvió a reducir nuestros derechos al evitar que pudiéramos recurrir y acogernos al descuento del 30 por ciento al mismo tiempo. En nuestro país «lo que hacen, -en palabras de Arnaldo- es fomentar la negligencia dentro de la Administración. Y estas modificaciones se hacen para recaudar no para que haya más justicia». El sistema de defensa no funciona.

Aunque Pérez Rubalcaba no ofreció más información sobre dónde nos recortarán los derechos exactamente podemos echar una ojeada a Francia o Portugal, países de los que se han copiado muchos aspectos de la Ley de Tráfico. Allí, por ejemplo, para poder recurrir hay que pagar primero la sanción. Ahora bien el recurso se plantea ante un tribunal, es decir, por vía judicial, no administrativa, -salvo las sanciones leves-. No existe el procedimiento administrativo, es un juez el que toma la decisión no se cae así en la respuesta automatizada habitual en la administración muy común en nuestro país. De hecho año tras año el Defensor del Pueblo en su informe se queja de que la Administración responde a los recursos de forma automatizada, no hay respeto al ciudadano. En nuestro país podemos acudir a los tribunales para recurrir una sanción pero nos saldrá más caro que la multa que nos puedan quitar.
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