Concretamente, el director de la asesoría jurídica de Comisariado Europeo del Automóvil (CEA) , Eugenio de Dobrynine, ha anunciado que acudirán al Defensor del Pueblo para ‘plantearle la posibilidad de que presente un recurso de inconstitucionalidad’ ante el Tribunal Constitucional, ya que, en su opinión, la nueva norma ‘vulnera claramente los derechos de los conductores’. En este sentido, ha considerado que la no necesidad del informe del agente, la desaparición de la fase de proposición de propuesta de resolución, la retirada del recurso de alzada, y la ejecutividad del acto inmediatamente después de que se dicte la resolución sancionadora son un ‘atropello legal’ y ‘rozan la inconstitucionalidad’, ya que vulneran el derecho a defenderse del ciudadano.
Asimismo, Dobrynine ha afirmado que ‘no se puede jugar con los derechos de las personas’ y se ha mostrado indignado con que ‘se quiera vender’ que el objetivo de la nueva ley es ‘agilizar’ los trámites, cuando ‘la Administración no pone los medios para hacerlos’. Además, se ha quejado de que no se exija al Estado los mismo plazos que a los ciudadanos, a los que ‘se les reduce el tiempo para defenderse’.
Por su parte, el director de seguridad vial del Real Automóvil Club de España (RACE), Tomás Santa Cecilia, afirmó que también están valorando distintas acciones para reaccionar a la aprobación de la ley, y ha aconsejado a los conductores, como primera medida, que ‘hagan uso de su derecho a recurrir y no se dejen llevar por el pronto pago’. La ley establece que al pagar la multa en los 20 primeros días después de ser notificado, la cuantía de la multa se reduce un 50 por ciento, pero el conductor no puede recurrir.
En este sentido, Santa Cecilia ha criticado que la norma ‘persuada’ a los conductores para que se acogen a la reducción por pronto pago y ha denununciado que la ley se haya aprobado ‘sin el consenso’ con los principales grupos de interés. Asimismo, ha opinado que la ley beneficia más a la administración que al conductor, y parece que el objetivo es ‘que la persona pague la multa sin importar si la ha cometido verdaderamente’.
Por su parte, el presidente de Automovilistas Europeos Asociados (AEA) ha calificado la ley de ‘chapuza legislativa’ y ha asegurado que introduce ‘procedimientos legislativos del código de circulación franquista’, como la responsabilidad subsidiaria, según la cual el titular de un vehículo tendrá que responsabilizarse de pagar una multa si no se puede identificar al conductor que ha cometido la infracción.
Para Arnaldo, la nueva ley ‘reduce las garantías jurídicas y aumenta la cuantía de las multas’, lo que, a su juicio, eran los dos objetivos del Gobierno. El presidente de AEA ha indicado que no acudirán al Defensor del Pueblo, pero que recurrirán todas las sanciones de sus asociados cuando se empiece a aplicar la norma.
