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Los 'puntos negros' del carné por puntos

La asociación de defensa de conductores DVuelta ha denunciado la aparición de numerosas disfunciones administrativas y fraudes al amparo del carné por puntos, en un comentario tras dos años de vida de este instrumento.
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Los 'puntos negros' del carné por puntos
Esta asociación señala lo que denomina "puntos negros" del carné por puntos y empieza porque el beneficio más proclamado de esta iniciativa, la reducción de víctimas, se enfrenta a un criterio de cambios estadísticos en la siniestralidad vial, de forma que no se consideran fallecidos en accidentes de tráfico los decesos producidos veinticuatro horas después del siniestro.
Las víctimas producidas en accidentes en núcleos urbanos también han quedado fuera de las estadísticas oficiales y con estas modificaciones se han presentado estadísticas oficiales, según DVuelta, lo que reduce el número de víctimas un 25 por ciento. DVuelta también recuerda que este descenso en las estadísticas de accidentalidad vial era una tendencia fuertemente marcada desde años anteriores, cuando no estaba en vigor el carné por puntos. En sus denuncias, DVuelta puntualiza que "en estos dos años no se ha conocido ninguna iniciativa para corregir los puntos negros donde centenares de personas se dejan la vida todos los meses; pero sí hemos visto iniciativas legislativas para convertir a los conductores en criminales". A una situación de total ausencia de formación desde la base, se contraponen iniciativas para "llenar de radares" las carreteras, una estrategia que esta asociación interpreta como la preferencia de la Dirección General de Tráfico (DGT) y de las Administraciones Públicas por recaudar en vez de formar. La implantación del carné por puntos la califica esta asociación de "chapucera", ya que no cumple con el principio básico de igualdad de toda ley. En este sentido, DVuelta expone que la sanción está supeditada a la suerte, pues se actúa en función de la población donde se produzca la infracción, ya que ésta acarreará o no pérdida de puntos, debido a una descoordinación administrativa ante el hecho de que hay muchas ciudades que aún no se han adherido al sistema de retirada de puntos. Los recursos contra la retirada de puntos han contribuido a colapsar aún más la justicia, de modo que los procesos judiciales tardan más de dos años en ser resueltos, "un plazo excesivamente dilatado que convierte al sistema judicial en una maquinaria incapaz de hacer justicia". Ante esta situación, denuncia DVuelta, "los jueces empiezan a ordenar que se devuelvan los puntos indebidamente retraídos". Al amparo del carné se han destapado actividades fraudulentas amparadas en un vacío legal, como "un lucrativo mercado negro" de venta de puntos, sobre la que, ni la Ley de Tráfico ni el Código Penal prevén consecuencias.
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