El informe elaborado por esta organización de consumidores y usuarios también revela que la diferencia puede ser aún mayor en el caso de las motocicletas, con diferencias de hasta el 170,2 por ciento.
La diferencia entre los distintos modelos de gestión de las Comunidades Autónomas es la causa principal de los precios tan dispares de la ITV (Inspección Técnica de Vehículo). Dependiendo de la región, a los precios tipo se suma el IVA, en otros casos no, además de darse modelos como el de Madrid, donde el servicio está liberalizado y no existe una tarifa mínima ni máxima.
Los centros autorizados a realizar la ITV, según la Comunidad Autónoma, operan bajo gestión pública (dependen directamente del gobierno regional o de una empresa pública) o bajo gestión totalmente privada. En ciertas regiones, conviven ambos modelos de gestión.
A pesar de las diferencias entre las distintas zonas de España, Facua-Consumidores en Acción señala que los precios de la realización de la ITV han bajado a lo largo del último año, situándose en una media de para turismos de gasolina y Diesel en 38,81 euros (un 1,3 por ciento más barato que en 2014). En el caso de las motocicletas, el precio medio también ha descendido, situándose en una tarifa media de 19,8 euros (un 5,8 por ciento menos que en 2014).
En este estudio comparativo, Madrid se coloca como la Comunidad Autónoma con el precio medio más caro para los turismos Diesel (53,30 euros), seguido de Comunidad Valenciana (51,64 euros) y Cantabria (48,80 euros). En el lado opuesto, se sitúa Extremadura, con el precio más bajo de media tanto para coches de gasolina como Diesel (29,25 euros). Las ITV para turismos de gasolina con catalizador más caras son Cantabria (43,11 euros), seguidas de País Vasco (42,79 euros, independientemente del tipo de combustible) y Comunidad Valenciana, 40,29 euros.
¿Y la Comunidad Autónoma con precios más baratos? El más bajo es el de Extremadura, 29,25 euros para cualquier tipo de turismo (en este caso, las estaciones gestionadas por la administración cobran 26,50 euros, el mismo que aplican las empresas privadas, aunque éstas tienen que repercutir el IVA, por lo que sube a 32,00 euros).