La Fiscalía pide una ley de seguridad vial

La Fiscalía General del Estado (FGE) señala en su Memoria de 2006 que la seguridad vial se debería transformar en una prioridad política presente en los programas electorales y en los planteamientos de gobierno, cristalizando en un Pacto de Estado en el que habría que incluir una ley integral.

La Fiscalía pide una ley de seguridad vial
La Fiscalía pide una ley de seguridad vial

La Fiscalía también aboga por la creación de la figura de un secretario de Estado de Seguridad Vial que coordine las "dispersas competencias", así como de un fondo complementario de asistencia a las víctimas de los delitos y destinar parte de las multas a estas últimas o a programas de reeducación vial. Según la Memoria, presentada ayer con ocasión de la apertura del Año Judicial, los muertos por accidente de tráfico constituyen la primera causa de mortalidad europea por debajo de los 40 años y reducen más la esperanza de vida que las enfermedades cardiovasculares y el cáncer.El coste económico que para Europa supone la siniestralidad vial se estima en los últimos años en 160.000 millones de euros, un dos por ciento aproximado de su Producto Interior Bruto (PIB), muy por encima —añade— de las enfermedades de mayor incidencia económica.

Por ello, según refleja la Fiscalía, "nos hallamos ante una auténtica sangría humana y económica y necesitamos abordarla con una perspectiva individual y humanista". Según la Fiscalía, las estadísticas de los accidentes con los más graves resultados de fallecimiento indican que una tercera parte de ellos se debe a la ingestión de alcohol, otro tercio a excesos de velocidad y el resto a distracciones y otras infracciones de las leyes de circulación.

También indica que son necesarias mejoras en las vías, tanto en su configuración como en su extensión y mantenimiento, una política de eficaz abordaje de los llamados puntos negros y revisión de la señalización.

Respecto al carné por puntos, la FGE dice que ha significado un "aporte eficaz" y "debe evaluarse sin urgencias y en los plazos oportunos".Además, la Memoria correspondiente al año pasado hace hincapié en que en cualquier caso de nada sirven las medidas sancionadoras si no se fomenta desde el principio una conciencia de respeto a la ley y un debido conocimiento de la misma.

Para ello considera que es preciso empezar por la educación vial en familia y también en la escuela, "convirtiéndola en materia de obligada docencia".

"En la asignatura de educación en valores para la ciudadanía, de próxima implantación, debe incluirse la seguridad vial, pero no como asignatura decorativa", concluye.

El número de diligencias previas abiertas en 2006 por delitos contra la seguridad del tráfico se eleva a 37.697 frente a las 34.453 registradas en 2005.

De las 37.697, 34.376 fueron por conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas, 670 por la negativa a someterse a las pruebas de alcoholemia, 1.514 por conducción temeraria, 100 por conducir con desprecio a la vida de los demás y 1.037 por suponer riesgo para la circulación.

Por último, para la Fiscalía el proyecto de reforma del Código Penal en lo relativo a las infracciones penales de tráfico puede constituir un poderoso instrumento para que el derecho penal cumpla su función disuasoria y promueva una cultura de respeto a la ley en las vías públicas.