En sólo dos días desde la entrada en vigor de la reforma del Código Penal, se ha detenido a un total de 154 infractores en toda España. La principal causa delictiva ha sido la ingesta excesiva de alcohol: 151 de los conductores superaba la tasa permitida (1,2 gramos por litro de sangre), mientras que sólo tres pasaron a disposición judicial por rebasar los límites de velocidad.
El domingo 2 de diciembre fue el día en que más detenidos hubo, contabilizando un total de 132 detenciones, 131 de ellas por conducir al volante con síntomas de embriaguez. Sólo un automovilista pasó a disposición de las autoridades por exceso de velocidad. El lunes 3 de diciembre, los conductores temerarios detenidos fueron 27; una vez más, la casi totalidad de ellos, 25, superaban el límite máximo de alcohol estipulado en sangre y sólo dos rebasaron la velocidad permitida.
El nuevo Código Penal contempla penas de prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses y trabajos en beneficio de la comunidad por superar los límites de velocidad establecidos (rebasar en 60 km/h la velocidad en vías urbanas y en 80 km/h en carretera).
Para aquellos conductores que circulen con una cantidad de alcohol superior a 1,2 gramos por litro de sangre o 0,6 gramos por aire espirado, las sanciones serán penas de cárcel de tres a seis meses, siendo de entre seis meses y un año en caso de que el infractor se niegue a someterse a la prueba de alcohol o de estupefacientes.
En el caso de que se ponga de manifiesto un claro peligro para la integridad del resto de los usuarios de la vía, las penas se endurecen entre dos y seis años de cárcel, incrementándose de dos a cinco años si el conductor muestra además desprecio por la vida de los demás. En todos los casos, los "temerarios" se verán privados del permiso de conducir entre uno y cinco años.
Tres de los detenidos en estos dos días están a disposición de las autoridades por negarse a realizar las pruebas de alcohol. Respecto a los detenidos por exceso de velocidad, uno circulaba a 110 km/h por vía urbana y otro a más de 180 km/h por carretera. Todos los denunciados serán juzgados por vía rápida y las condenas serán inmediatas.
Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro del Interior, afirma que el principal objetivo de esta reforma es reducir el número de víctimas mortales en carretera: a día de hoy, 2.700 personas han muerto a causa del tráfico. La puesta en vigor de esta dura reforma atiende, según el ministro, a la necesidad de crear un ambiente de temor entre los conductores, ya que el efecto del carné por puntos, tras año y medio de vida, llega a su fin. Además, estas fechas resultan idóneas para concienciar a los usuarios habituales del automóvil, en relación al notable aumento del consumo de alcohol a causa de las celebraciones navideñas. Por este motivo, durante estos días la DGT incrementará los controles de alcoholemia en las carreteras doblando el número de sometidos a las pruebas.
Ahora bien, la mayoría de los detenidos no serán encarcelados, a menos que se encuentren bajo libertad condicional o tengan antecedentes penales. Los infractores serán castigados con la retirada del carné y deberán prestar ayuda a la comunidad o trabajar con víctimas del tráfico. Las cifras recogidas en dos días han sido calificadas de alarmantes por el Gobierno y diversas asociaciones del automóvil. Destaca la declaración de Mario Arnaldo, director de Automovilistas Europeos Asociados (AEA): “Si cada dos días se detiene a 154 conductores, habrá que triplicar el número de cárceles en nuestro país".
Un total de 5.965.050 euros en multas se han contabilizado en Madrid en una sola semana de vida de la reforma del Código Penal. Esta cuantía responde a las 46.266 infracciones registradas en estos días.
Sin embargo, diversas asociaciones del automóvil han puesto en tela de juicio los límites de velocidad, asegurando que en ciertos tramos de carretera se puede ir perfectamente a 130 o 140 km/h y en poblado a 80 km/h. Además, el Real Club del Automóvil de España (RACE), que hizo recientemente un estudio sobre el impacto de la reforma del Código, asegura que una mala señalización puede resultar crucial, debido a que algún conductor podría ir a la cárcel por este motivo. En relación a esto, el RACE insta a la Administración a que revise minuciosamente las señales adecuándolas a los nuevos límites impuestos.
