Dicho estudio asegura que si se produjera el cambio en la gestión en los coches oficiales y se pasara de la compra al alquiler, se lograría un ahorro total autonómico de 70,9 millones de euros.
A Madrid, con un ahorro de 26,5 millones, le sigue Cataluña, que tendría un recorte superior a los 18 millones de euros. Muy lejos de Madrid y Cataluña, se sitúan en los niveles de ahorro si se impusiera esta medida: Comunidad Valenciana y Andalucía, ambas con 5,5 millones, seguidas de País Vasco (3,8), Galicia (2,2), Aragón (1,5), Castilla y León (1,3) y Castilla-La Mancha (1,1).
Por debajo del millón de euros de ahorro se situarían comunidades como Canarias (0,8), Asturias y Navarra (0,5), Baleares (0,4), Cantabria y Extremadura (ambas con 0,3) y, por último, Murcia y La Rioja, con 900.000 y 140.500 euros, respectivamente.
Según Arval, sólo la tercera parte de las cerca de cien mil unidades que conforman el parque móvil de las administraciones públicas se encuentra bajo el modelo de alquiler a largo plazo con servicios de mantenimiento y reparación incluidos.
Concretamente, alrededor de 2.000 entidades públicas concentran el 5 por ciento de los coches de renting que se mueven en España, siendo los ayuntamientos -con una cifra cercana a los 1.500- los principales usuarios de este tipo de vehículos. El siguiente cuadro recoge el ahorro que supondría, por comunidades autónomas, el paso de la compra al alquiler de vehículos oficiales de flota.