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Centros de reconocimientos médicos, ilegales

El 68 por ciento de los centros de reconocimiento destinados a verificar las aptitudes psicofísicas de los conductores incumplen la normativa exigida para otorgar el certificado médico necesario para sacarse el carné, según un estudio realizado por Ponle Freno, la plataforma del Grupo Antena 3 dirigida a mejorar la seguridad vial.
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Centros de reconocimientos médicos, ilegales

Para llegar a esta conclusión, distintos miembros del equipo de Ponle Freno visitaron durante el mes de abril 25 de estos centros en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Bilbao haciéndose pasar por aspirantes al carné y cometiendo deliberadamente al menos un error grave en cada visita. A pesar de ello, en 17 de los centros se les ha considerado aptos.

Así, por ejemplo, los aspirantes cometieron fallos a propósito en la prueba de coordinación bimanual o en la de agudeza visual, facilitaron información contraindicada para conducir, como la toma de ciertos medicamentos y tranquilizantes, e incluso aseguraron que sufrían ataques epilépticos.

En un caso concreto, el conductor ha afirmado tener ataques epilépticos y que estaba tomando pastillas de ansiolíticos. Además, no leyó la tercera línea del panel oftalmológico. La persona que le atendió, un especialista de medicina general, le explicó que el episodio de la epilepsia no lo iba a contemplar porque no podrían darle el certificado, ignoró el problema de visión y le concedió el apto en cinco minutos.

Bilbao es la única ciudad en la que se denegaron los cinco psicotécnicos a la espera de tener un informe médico completo en función de las dificultades y fallos que presentaba cada conductor. En todos los casos realizados en esta ciudad, los centros recomendaron no conducir e incluso no llegaron a concluir todas las pruebas tras comprobar que definitivamente no eran aptos.

En cuanto a las pruebas de demostración de capacidades y facultades psicofísicas, la única que se realiza en el cien por cien de los casos es la del panel iluminado con letras para comprobar la agudeza visual, mientras que la auscultación de corazón y pulmón no se realiza en ninguno de los casos. Asimismo, la toma de tensión arterial sólo se realiza en el 52 por ciento de los casos. También hay carencias en la prueba de la cabina insonorizada, ausente en el 76 por ciento de los centros.

En la comprobación de la estimación de movimiento, coordinación bimanual y tiempo de reacción múltiple, la ciudad en la que se realizan las tres pruebas tal y como manda la ley es Bilbao. En el resto de ciudades no se realizaron algunas de las pruebas oficiales.

Diferentes precios

El informe de Ponle Freno también recoge la diferencia de precios que hay que abonar para la obtención del permiso de conducir en función de cada ciudad, de los 36 euros en el caso de las más económicas a los 65 euros que puede llegar en el supuesto más caro. Así, el estudio demuestra que Barcelona es la ciudad más cara, con un importe que oscila entre los 50 y los 65 euros, seguida de Valencia, con unos 48 euros de media. Madrid, Sevilla y Bilbao mantienen unas tasas parecidas y más económicas que las dos anteriormente citadas, con unas variaciones entre los 36 y los 42 euros.

Las empresas privadas se encargan de certificar las aptitudes psicofísicas para los permisos de conducir desde hace 28 años. Hasta finales de 1982 era la propia administración, a través de los Institutos de Orientación Profesional, la encargada de realizar esa exploración.

‘La proliferación de centros de evaluación de conductores, quizás más de los necesarios y la incapacidad de la Administración para su vigilancia y control, nos ha llevado a una situación actual en la que conviven tanto aquellos centros que cumplen con la normativa vigente y están sensibilizados de la importancia de esta intervención preventiva, con aquellos que carecen de profesionalidad y escrúpulos’, señala el responsable del Área de Psicología de Tráfico y de la Seguridad del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, Roberto Durán.

Para este experto, los dos principales motivos para el ‘poco rigor’ demostrado en el 68 por ciento de los centros son por un lado, la ‘falta de ética profesional’ y por otro, el ‘profundo desconocimiento de la normativa’. ‘El primer motivo podría encontrar su solución con un incremento de la vigilancia, con una mayor presión social mediante las denuncias pertinentes y con sanciones económicas’, subraya. 

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