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Los transportistas españoles, denunciados a la CE

La Comisión Europea (CE) ha denunciado a España ante la justicia europea al considerar que ofrece descuentos 'excesivos' en los peajes de las autovías a los transportistas españoles y discrimina así a los conductores de otros países de la UE.
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Los transportistas españoles, denunciados a la CE
Las rebajas de hasta el 50 por ciento en el coste del peaje incumplen, según el Ejecutivo comunitario, la directiva europea sobre tarificación vial.

En un comunicado, la Comisión Europea mostró su disposición a detener su acción ante el Tribunal de Justicia de la UE si España se ajusta a las normas europeas en un plazo de tres meses.

Bruselas recordó hoy que, según la llamada directiva 'euroviñeta', los peajes deben guardar relación con los costes de construcción, de gestión y de desarrollo de la red de infraestructuras, y no distorsionar la competencia entre operadores de transporte de los distintos países de la UE.

Según la CE, los Estados miembros "sólo pueden variar los importes de los peajes en función de las clases de emisiones de los vehículos que utilicen la autovía y según sea de noche o de día".

Los "descuentos especiales" para usuarios habituales sólo pueden compensar el ahorro administrativo que entrañan tales usuarios en la gestión de la autovía.

Pero la directiva lo cifra en un máximo del 13 por ciento del peaje, muy por debajo del 50 por ciento que aplica España en algunos casos, según la Comisión El Tribunal Supremo ha anulado un acuerdo que el Consejo de Ministros aprobó en el año 2005 por el que se negaba a aplicar una directiva europea del transporte relativa a los tiempos de trabajo de los empleados móviles (con jornadas especiales de trabajo), según informó ayer la Federación Estatal del Transporte de CC.OO.

Según declaró el portavoz de dicha federación sindical, Javier Jiménez, el sindicato interpuso un recurso contra la decisión del Gobierno porque "el Ejecutivo tenía la obligación de trasladar esa norma europea a la legislación española, y más cuando la directiva contempla mejores condiciones de seguridad vial y rebajas sobre jornadas máximas de conducción a los transportistas".

En 2005 el Gobierno, tras llegar a un acuerdo con las asociaciones patronales, que se mostraron en contra de dicha directiva de la UE, decidió no integrar esa norma en la legislación española a pesar de que la Unión Europea le demandará.

Finalmente, el Ejecutivo llevó a cabo la transposición de la directiva el pasado 18 de julio, antes incluso de que la sentencia del Tribunal Supremo diera la razón al sindicato CC.OO.

Desde esta plataforma sindical se advierte que "esta sentencia debe hacer reconsiderar y reconducir los comportamientos y actitudes de bilateralidad entre la Administración y la patronal a la hora de regular el sector del transporte".

El portavoz de la Federación de Comunicación y Transporte de CC.OO. también ha hecho un llamamiento a las patronales para que cumplan la normativa, ya que asegura que algunas asociaciones "van a demandar al Gobierno por incumplir el acuerdo que firmaron y por creer que la transposición a la legislación española es excesiva".

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