Cada día que está en vigor esta Ley de Tasas se vulnera el derecho de defensa de los conductores, asegura Cea, organización que recuerda que se opuso desde el primer momento al anteproyecto de Ley por el que se modificaron las tasas judiciales.
La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, recuerda la organización, ha recomendado al ministro de Justicia, una "modificación sustancial" del sistema de tasas judiciales, debido a que muchos ciudadanos, entre ellos un gran número de conductores, se han dirigido a esa institución manifestando su disconformidad con esta Ley.
La posible reducción de cuantías fijas y variables de las tasas judiciales que afectan de forma directa al automovilista son en primera instancia, civil y contencioso administrativo, y en función de la capacidad económica para personas jurídicas.
Cea cree que una modificación es insuficiente y, en el supuesto que el Gobierno no suprima las tasas, anima al Defensor del Pueblo a que presente un recurso ante el Tribunal Constitucional, que deje sin efecto las cuantías de las tasas actuales para que prevalezca el derecho a la Justicia de todo ciudadano.
Con las tasas actuales, los recursos contenciosos-administrativos de multas de tráfico pierden interés para los conductores, ya que en ocasiones la cuantía de la multa es inferior al importe de la tasa.
Por tanto, no hay lógica alguna debido a que existe un claro afán recaudatorio por parte del Gobierno. Muchas personas optan por realizar el pago de la multa porque les sale más económico que defender sus derechos ante los Tribunales.
El Comisariado Europeo del Automóvil cree necesario que se aclare cuanto antes cómo afectará la decisión del Ministerio y cuál será el futuro de esta Ley de Tasas.
En la actualidad el importe de las tasas se calcula en función de conceptos fijos y variables. Los fijos son de 200 euros para los procedimientos abreviados, 350 euros para los ordinarios, 800 para los recursos de apelación y 1.200 para los recursos de casación, en tanto que los variables son un 0,5 % de la cuantía del recurso (importe de la multa).
Ante estas cuantías, muchos conductores optan por no recurrir a la vía judicial porque el importe a pagar duplica con creces el importe de la sanción: una multa de aparcamiento por valor de 90 ? generaría una tasa a pagar en el juzgado de 200 euros de fijo y 0,45 de variable.
Cea recuerda, no obstante, que el derecho a la defensa de los conductores frente a la administración, tanto a lo largo de la tramitación del expediente sancionador como, en su caso, del expediente de apremio, sigue siendo un derecho para el que no se exige pago de tasas judiciales.
Como ejemplo, la organización menciona el pliego de descargos frente a la denuncia, un escrito de alegaciones frente a las pruebas que manda la administración, y/o un recurso frente a la resolución imponiendo la sanción.
Tampoco se pagan tasas si los recursos se interponen, ya en vía ejecutiva, frente a los órganos encargados de la recaudación como ante los tribunales económico-administrativos, ya que no están dentro del ámbito de la Administración de Justicia.
