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Aragón avala para sostener Figueruelas

El Gobierno de Aragón avalará a General Motors (GM) Europa por 200 millones de euros para paliar su crisis de liquidez y garantizar la producción del nuevo Opel Meriva a partir de 2010 en su factoría de Figueruelas (Zaragoza) y, por tanto, la viabilidad de la planta que emplea a unas 7.500 personas.
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Aragón avala para sostener Figueruelas
Tras conocer el anuncio realizado por el presidente aragonés, Marcelino Iglesias, los partidos de la oposición han criticado que el Ejecutivo autonómico asuma los riesgos de la multinacional automovilística, mientras que los sindicatos han exigido garantías para que el dinero del préstamo que obtendrá GM gracias al aval se destine efectivamente a la producción del Meriva.

Algunos de ellos han afirmado incluso que el Gobierno aragonés se ha precipitado, puesto que el debate sobre la situación y las medidas de ayuda al sector automovilístico todavía está abierto tanto en España como en la Unión Europea (UE).
Los grupos de la oposición en las Cortes de Aragón han criticado hoy el anuncio del Gobierno de Aragón de presentar un proyecto de ley con un aval de 200 millones de euros a General Motors (GM) Europa, medida que califican de apresurada, arriesgada y, sobre todo, no consultada. El anuncio se produce dos días después de que el ministro de Industria, Miguel Sebastián, anunciara que en enero presentará, en colaboración con las autonomías que tienen fábricas, un único plan para superar la crisis que afecta al sector del motor en España.

El Gobierno de Aragón justifica la medida por la necesidad de reaccionar lo antes posible ante la crisis y garantizar la producción de la planta, que emplea directamente a cerca de 7.500 personas, y muchas más en la industria auxiliar.

Iglesias ha subrayado que el objetivo es evitar el retraso de la producción del nuevo Opel Meriva, un modelo del que ha dicho que es la "garantía de continuidad del conjunto de la factoría".

El Gobierno aragonés aprobará el próximo martes el proyecto de Ley por el que se autorizará al Departamento de Economía la firma del aval, que deberá refrendar el parlamento autonómico.

Fuentes del Ejecutivo autonómico han precisado que el proyecto de Ley se tramitará probablemente por vía urgente, con el objetivo de aprobarlo a finales de diciembre.

Una vez aprobada la Ley, el presidente deGM Europa, Carl-Peter Foster, viajará a Zaragoza para suscribir el acuerdo definitivo, que prevé garantizar la producción del nuevo Opel Meriva a principios de 2010 con un crédito sindicado por un grupo de bancos nacionales e internacionales que será avalado por el Ejecutivo aragonés.

El crédito permitirá a la multinacional paliar su falta de liquidez, cifrada en 750 millones de dólares (595 millones de euros) para el conjunto de sus plantas de producción en Europa. General Motors (GM) España ha expresado hoy su satisfacción por la voluntad del Gobierno de Aragón de conceder a su matriz europea un aval por 200 millones de euros para paliar la falta de liquidez de la empresa, y garantizar así la producción del nuevo Opel Meriva en la planta de Figueruelas (Zaragoza). De esta cantidad, según ha comunicado la compañía a los representantes sindicales de las distintas factorías, depende el lanzamiento de veinte modelos hasta el 2012, incluidos los nuevo Opel Corsa y Meriva, que se producirán en la fábrica española.

La planta de Zaragoza, la única del grupo donde se fabrican tres modelos de manera simultánea -Opel Corsa, el derivado comercial Meriva y el monovolumen Meriva-, se ha visto obligada a realizar numerosos paros técnicos desde octubre ante la caída de la demanda y desde principios de noviembre aplica un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a 600 puestos de trabajo durante un año.

Después de alcanzar el pasado año un récord histórico de producción de 485.857 unidades, Figueruelas ha visto reducir sus previsiones hasta los 425.000 vehículos para este año, y los 361.000 para el que viene.

Además, al igual que el resto de las plantas europeas deberá reducir el año próximo su producción en un 20 por ciento y los costes estructurales en otro 10 por ciento, para lo que se barajan diferentes alternativas, como un nuevo ERE o el recorte de la jornada laboral y de los salarios de los trabajadores.

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