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Alcolock en vez de cárcel

El fiscal especial de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, ha aclarado que el objetivo del dispositivo alcolock, que detecta el aire espirado y puede impedir que el vehículo arranque, es que se establezca como alternativa a la suspensión de las penas de privación del permiso de conducir.
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Alcolock en vez de cárcel
Vargas compareció ayer en rueda de prensa para ofrecer los detalles del "estudio" emprendido sobre este sistema por la Fiscalía de Seguridad Vial, la Dirección General de Tráfico (DGT) y la Fundación Instituto Tecnológico para la Seguridad del Automóvil (FITSA), y cuyos resultados, según ha dicho, recoge la Memoria de la Fiscalía General del Estado.
"Es un sistema esencialmente preventivo, reeducador y rehabilitador y se basa en la voluntad siempre de la persona", ha asegurado Vargas, que ha indicado que está dirigido a los conductores multirreincidentes, y, en concreto, a los que tienen un problema con el alcohol. El sistema alcolock impedirá arrancar el vehículo si el conductor no ofrece una muestra de aire espirado cuando quiera ponerlo en marcha, y tampoco lo hará cuando detecte una concentración de alcohol superior a la permitida. Para poder materializar este dispositivo, ha señalado Vargas, debe haber modificaciones legislativas porque la "idea de futuro" es que en el proceso penal el alcolock sea una "alternativa o condición" para las penas de privación del carné de conducir. No sólo afecta desde un punto de vista penal, sino que también se está analizando desde el administrativo, ha apuntado el fiscal de Seguridad Vial, y por ello, una de las propuestas que recoge el estudio es que los conductores que acumulen al menos tres sanciones administrativas por conducir bajo los efectos del alcohol tengan que instalar este dispositivo. Esa opción siempre habría que "plantearla" al infractor, "no imponerla", ha recordado Vargas, que ha insistido en que el sistema "se condiciona a la voluntaria sumisión del interesado".

El fiscal especial de Seguridad Vial ha considerado además que lo idóneo para implantar un dispositivo de estas características es hacerlo unido a un curso de reeducación, e incluso a sistemas sanitarios de desintoxicación de alcohol, pero ha recalcado que aún está en fase de experimentación. Del coste que supondría este sistema, Vargas ha apuntado que, según los datos de los países que ya han puesto en marcha este dispositivo, el alcolock tendría un coste anual por cada conductor de unos 1.200 euros sin cursos y de unos 2.000 euros con ellos. Ha detallado además que algunos países emplean la multa impuesta al infractor para financiarle el dispositivo y en otros la Administración paga una parte y el interesado otra. "Son distintas posibilidades", ha manifestado Vargas, que ha añadido: "todo lo que vaya hacia la prevención es una dirección acertada". Respecto a los posibles fraudes que pudieran cometerse con este nuevo dispositivo —que en vez del conductor del vehículo un segundo realice el test—, Vargas ha dicho que el estudio también recoge la posibilidad de que se realice una segunda y tercera prueba pasado un determinado tiempo. Por su parte, el Pleno del Congreso pedirá al Gobierno que implante en el transporte escolar, público y de mercancías el dispositivo que bloquea el encendido del vehículo en caso de que detecte en el conductor una tasa de alcohol superior a la permitida. A la espera de la votación final, ésta es la proposición no de ley que aprobará el Pleno, a iniciativa de los socialistas, después de que éstos hayan aceptado una enmienda del PP que pide que la implantación de este mecanismo se extienda a otros vehículos de transporte y no sea sólo para los que llevan escolares, como inicialmente proponía el PSOE.

La enmienda del grupo popular, que ha defendido el diputado Federico Subirón, incluye también que se tenga prevista la obligatoriedad de instalar este dispositivo en los vehículos de los conductores "reincidentes", es decir que hayan sido sancionados anteriormente por rebasar la tasa de alcohol permitida. El diputado socialista que ha presentado esta iniciativa, Juan Carlos Corcuera, y que ha rechazado incorporar las enmiendas del Grupo Mixto y CiU, ha justificado su propuesta en que, ha dicho, entre un 30 y un 50 por ciento de los accidentes mortales y entre un 20 y un 30 por ciento de los accidentes con heridos se atribuyen al alcohol. Por tanto, ha abogado por la colocación del etilómetro, que, según ha afirmado, "es un buen elemento disuasorio" que ha demostrado su eficacia en Estados Unidos y Canadá, donde se utiliza desde hace más de una década, y en otros países de Europa, como Suecia, Gran Bretaña o Alemania. El responsable de Seguridad Vial de CiU, Jordi Jané, ha valorado la propuesta del PSOE y ha presentado una enmienda de adición, en la que solicita que se contemplen bonificaciones fiscales para la colocación del mecanismo de bloqueo, porque "no se trata de un elemento de lujo sino de seguridad". En apoyo también de esta medida se ha posicionado ERC-IU-ICV y su diputado Joan Ridaó ha puesto de relieve que la implantación de este sistema de interrupción automática del vehículo podría salvar 115 vidas más al año, y habría 568 heridos graves menos y 2.285 leves, de acuerdo con los datos que ha presentado. El diputado Emilio Olabarria, del PNV, también ha expresado su apoyo a la propuesta, aunque el hecho de que se trate de una iniciativa que primero tenga que ser estudiada y consultada con los sectores afectados "dilatará" su aplicación.
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